Un Parlament solo al servicio del «procés»

Los empleados públicos de la Generalitat estallan contra los recortes no revertidos tras años de parálisis en la administración, que ha disparado las listas de espera en la sanidad catalana.

Artur Mas abrazó el independentismo en 2012 para desplazar el foco de atención sobre sus recortes y sortear la presión social, pero seis años después y a pesar de los esfuerzos, el parche del «procés» ya no es capaz de contener el hartazgo general contra el Govern. Médicos de atención primaria, Bomberos y estudiantes universitarios han encendido esta semana la mecha de un ciclo de movilizaciones que hoy puede alcanzar su punto álgido y se va a extender, como mínimo, hasta principios de diciembre. El descontento de estos colectivos de la administración catalana desembocó ayer en una escena con reminiscencias de la etapa de Mas al frente de la Generalitat, con un rodeo del Parlament que dejó momentos de tensión con los Mossos d’Esquadra, aunque podría ir a más durante los próximos días, especialmente hoy, cuando se suman los profesores de la educación pública y los estudiantes universitarios han fijado una movilización que concluirá ante la Cámara catalana.

Lo cierto es que la parálisis del Govern, centrado en el «procés» durante estos años, ha empezado a despertar ahora el enfado de los sectores más sensibles de la Generalitat, cuyas reivindicaciones han quedado diluidas durante el último lustro bajo el objetivo de la independencia. La escasa actividad legislativa que ha acompañado a Cataluña desde 2012 –en 2012 solo se aprobaron 10 leyes; en 2013, 1; en 2014, 21; en 2015, 25; en 2016, 5; en 2017, 21 (cinco de ellas vinculadas al «procés»)–, que ha tenido como cénit este 2018 con la aprobación de tan solo tres modificaciones de Ley –de las cuales, una de ellas (la Ley de presidencia) tiene el propósito de adaptar la norma para investir a Carles Puigdemont a distancia–, se ha convertido en una de las señales más evidentes de esta parálisis, aunque lo que más desespera a los empleados públicos es la incapacidad o desgana para revertir los recortes tras años de crecimiento económico y mayores ingresos públicos.

Así, en sanidad, la Generalitat sigue lejos todavía de la inversión previa a la crisis: de los 9.700 millones de euros invertidos en 2010, los últimos presupuestos, los de 2017, solo destinaron a sanidad 8.800 millones (un 23 por ciento del presupuesto, la autonomía con menor inversión). Unas cifras que redundan sobre el bienestar de los profesionales del sector, que han estallado tras asumir durante años sobrecargas de trabajo –el meollo de la negociación entre la Generalitat y los médicos de atención primaria está en la falta de efectivos (reclaman 900 médicos) y el tiempo asignado por visita (exigen 12 minutos para atender a un paciente, por los seis minutos de promedio actuales), y sobre el bienestar de los usuarios: las listas de espera no han hecho más que aumentar y salvo algún plan de choque puntual para mitigarlas, Cataluña se encuentra a la cola. Es la tercera autonomía con mayor tiempo medio de espera para intervenciones quirúrgicas –solo superada por Canarias y Castilla-La Mancha– con 148 días, y la primera en relación a la tasa de pacientes en espera por cada 1.000 habitantes (21,71), según los datos del Ministerio de Sanidad (las listas de espera para pasar por quirófano se dispararon sobretodo entre 2014 y 2017, que pasaron de 105.000 pacientes a 156.000).

Ante este contexto, el lunes, el portavoz de JxCat, Eduard Pujol, no hizo más que dar continuidad a la estrategia de los últimos años y cobijarse bajo la independencia a la hora de valorar el cabreo del sector. En este sentido, relativizó las demandas, al considerarlas una «migaja» y recomendar centrarse en lo «esencial», que es que los catalanes puedan decidir su futuro y conseguir la ruptura con el Estado, que «sería la solución real al problema». El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, reclamó ayer a los «comunes» que apoyen los presupuestos para dotar de 100 millones de euros más a la sanidad en 2019.

Pero no solo la sanidad está en pie de guerra, el sector educativo también. Los estudiantes universitarios hicieron ayer paros para reclamar una reducción del 30 por ciento de las tasas universitarias y hoy volverán a la huelga, junto a los profesores de la educación pública. En este sentido, el profesorado reclama que la inversión de la Generalitat ascienda hasta el 6 por ciento del PIB, ya que en 2'017 se quedó en un 3,9 por ciento.