El imposible «pucherazo» cibernético en las elecciones catalanas

Pese a que el bloque independentista agite el fantasma del «pucherazo» o que la sombra rusa planee sobre el 21-D, los controles en el origen y el destino del recuento de los votos hacen totalmente imposible que el resultado pueda adulterarse de manera informática.

Diversas voces procedentes del bloque independentista –especialmente desde las filas de Esquerra– han venido agitando el fantasma del «pucherazo» desde incluso antes de que empezara la campaña electoral del 21-D. Tal es así que los de Junqueras han anunciado que movilizarán a un ejército de 14.000 interventores y que realizarán un recuento paralelo para asegurarse de que el proceso se realiza sin interferencias, ya sea de potencias extranjeras o de intereses nacionales. Más allá de las declaraciones altisonantes y de las estrategias de movilización de tal o cual electorado, los temores son infundados: el diseño y la ejecución de los comicios hace imposible cualquier tipo de injerencia extranjera o irregularidad al existir continuos controles por parte de las distintas partes implicadas en el proceso: Generalitat, Juntas Electorales y partidos políticos.

Para comprender porqué es imposible «hackear» unas elecciones es necesario distinguir el escrutinio oficial de los comicios, que es en el que se basa la adjudicación de escaños del Parlament, del recuento provisional de votos que se realiza la misma noche y que la Generalitat va anunciando a través de la página web de los resultados. El escrutinio oficial y con efectos jurídicos es el que realizan las Juntas Electorales Provinciales entre el tercer y el sexto día tras el 21-D. Además, la misma noche de las elecciones, el representante de la Administración presente en cada mesa electoral llama por teléfono al Centro de Recogida de Información (CRI) de la Generalitat, se comprueba su identidad, y da el resultado que han arrojado las urnas de su mesa. Estos resultados van totalizándose en el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) y van difundiéndose a través de la página web de resultados y, desde allí, a través de los medios de comunicación, a la ciudadanía. Esos mismos datos que el representante de la Administración ha comunicado al CRI, recogidos en un acta de escrutinio oficial física que cuenta con las firmas del presidente de la mesa, de los vocales y de los interventores de los partidos políticos, son los que llegan a las cuatro Juntas Electorales Provinciales, instancia donde –de tres a seis días después, como se dijo anteriormente– se realiza el escrutinio general, imposible de «hackear» porque se lleva a cabo con documentos impresos en papel. La transparencia de todo el proceso está garantizada desde el momento inicial: el recuento de votos de cada mesa en el que participan sus miembros (presidente y vocales) y los interventores de los partidos. Estos también garantizan el transporte físico de las actas y, además, se quedan con una copia con la que cotejar los resultados mesa a mesa con los que, tres días después, utilice la Junta Electoral para el escrutinio definitivo. Las papeletas de los votantes no se destruyen hasta que no se ha comprobado que el número de sobres abiertos corresponde con el número de votantes anotados en la lista de votantes y hasta que la Mesa electoral resuelve las protestas que se puedan producir durante el proceso, que debe ser público como obliga la legislación.

Conviene puntualizar que cuando se habla de «hackear» unas elecciones, generalmente lo que se quiere dar a entender es manipular las redes sociales y las máquinas de búsqueda en Internet para primar la difusión de noticias o rumores que beneficien a un partido o a una tendencia ideológica determinada. Este es un proceso externo al desarrollo propio de los comicios autonómicos en Cataluña, que como todas elecciones físicas y reales que se realizan en España –en contraposición a las virtuales, por ejemplo las consultas que realiza Podemos con sus bases– cuenta con sistemas de control tanto por parte de la Administración como por parte de las propias fuerzas políticas que tienen el derecho y de hecho controlan el proceso de principio a fin: desde que en cada colegio pueda votarse con imparcialidad y de manera secreta, hasta el recuento de votos, la firma de las actas, su traslado a las Juntas Electorales y su recuento final. Hasta la fecha no se ha podido demostrar que hackers hayan sido capaces de cambiar informáticamente el sentido de unas elecciones.

La consolidación de datos que se lleva a cabo la noche electoral es de carácter informativo pero no es vinculante para la concesión de actas de diputado en el Parlament. Este proceso, que sí que es informático, no consiste en un recuento de votos (que hace el presidente a la vista de cada vocal estando presentes los interventores de los partidos) sino solo la captura, transmisión y difusión de resultados provisionales. El sistema que se utiliza para estas tareas incluye medidas de seguridad exhaustivas y controles en el origen y el destino de los datos que hacen imposible cualquier alteración en el resultado. En cualquier caso, en el BOE y en el Diario Oficial de la Generalitat aparecen publicados no estos resultados provisionales sino los del recuento oficial de las Juntas Electorales (aunque, lógicamente, el resultado es siempre prácticamente idéntico).

En este sentido se pronunció Soraya Sáenz de Santamaría, al recordar que ante los comicios catalanes se creó un grupo de trabajo formado por el Ministerio del Interior, Secretaría de Estado de Comunicación, Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y otros expertos para «garantizar» con la empresa Indra –contratada por la Generalitat realizar las tareas de captura, transmisión y difusión de los resultados provisionales– que estas elecciones sean «democráticas», como «siempre».