Caso ERE
Una empresa de CC OO y UGT admitió su mediación en los ERE de la minería
La juez prorroga el secreto de sumario decretado para estudiar las sobrecomisiones por quinta vez. Un dirigente del sindicato reconoció que Atlantis participó en la reconversión de la Compañía Minera del Marquesado
El Grupo asegurador Atlantis, en el que figuran como accionistas los sindicatos CC OO y UGT –información que figura en la propia página web de la empresa– participó como mediador en el ERE de la Compañía Minera del Marquesado, uno de los que investiga el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
El Grupo asegurador Atlantis, en el que figuran como accionistas los sindicatos CC OO y UGT –información que figura en la propia página web de la empresa– participó como mediador en el ERE de la Compañía Minera del Marquesado, uno de los que investiga el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Los documentos a los que ha tenido acceso LA RAZÓN confirmarían que los «entornos» de los sindicatos obtuvieron parte de las sobrecomisiones pagadas por la Junta de Andalucía, tesis que mantiene la juez del caso Mercedes Alaya.
En una carta remitida al ex director general de Trabajo Juan Márquez Contreras –que sustituyó en el cargo a Francisco Javier Guerrero y que también se encuentra imputado en la causa– con membrete de la Federación minerometalúrgica de Andalucía de CC OO, el secretario de empleo de la organización reclama información sobre la situación de los prejubilados de la mina de Alquife. Señala que «están todas pendientes de actualización, siendo Atlantis Asesores el mediador de dos pólizas y Uniter de una, pero lo urgente de la situación que están pasando, te lo paso a exponer, al no estar cobrando y tener que pagar el convenio especial de la Seguridad Social».
No es la única gestión que realiza CC OO ante la Administración regional andaluza. En otra comunicación dirigida al ex director general de Trabajo, la federación minerometalúrgica le reclama la actualización de los «flujos de renta» de los trabajadores prejubilados y le recuerda que «el actuario de dichas pólizas» es Atlantis Asesores, ofreciéndoles los datos y teléfonos de la persona de contacto.
En la información consultada por este periódico figura también un «estudio del colectivo de prejubilados de Compañía Minera del Marquesado» elaborado por Atlantis Asesores. Se correspondería a los trabajos previos a la formalización de una de las dos pólizas en las que intervino y que justificarían posteriormente la comisión. En las «bases técnicas ofertadas» aparece un apartado denominado «gastos de gestión» en el que se aclaran los emolumentos: «0,5% sobre la prima pura en concepto de gastos de gestión interna» y «1% sobre la prima de inventario en concepto de gastos de gestión externa (comisión)». El documento está fechado el 18 de octubre de 2007 en Madrid.
La titular del juzgado de Instrucción 6 mantiene en sus últimos autos que «la verdadera aportación» de los sindicatos «era la información privilegiada que facilitaban a la mediadora sobre empresas en crisis que pudieran derivar en la suscripción de una póliza».
Alaya apunta que los sindicatos justificaban el cobro de un porcentaje de cada póliza «de forma peregrina como la toma de datos, que poco interés podía tener para la consultora pues luego debía repetirse por su carácter parcial e incompleto».
¿Cuánto habría percibido Atlantis por su función de mediación en este ERE? La cifra tendrá que aportarla la investigación de la Guardia Civil, que está bajo secreto de sumario desde el mes de noviembre. De hecho, la juez decidió ayer prorrogarlo un mes más. Según la información aportada por la Junta de Andalucía, en el sumario figuran tres pólizas para ex trabajadores de la Compañía Minera del Marquesado de Alquife (Granada) para un total de 65 personas. El compromiso de pago sólo en este ERE de la Consejería de Empleo superaba los trece millones de euros, importes que se abonaban a la compañía de seguros a través de la empresa pública Agencia IDEA. La compañía era a su vez la que abonaba los gastos de gestión a las mediadoras.
La semana pasada, los sindicatos criticaban que se les atribuyera «un papel de meros mediadores» cuando no son «intermediarios, ni comisionistas», sino que cumplen «una función constitucional que se hace más patente y necesaria en los conflictos derivados del cierre de empresas».
La investigación judicial mantiene lo contrario. La instructora considera que «la sobrecomisión ha dejado de ser algo que pasara desapercibido para la administración, con una pasividad que irritaba a muchos, al ser el verdadera alimento de la trama corrupta del que se nutre no solo la mediadora, sino, presuntamente, y a espaldas de ésta, sus principales responsables».
En el caso de UGT y CC OO, la juez señaló que recibieron a través de Atlantis Asesores y Temiqui 4,3 millones de euros sólo de la mediadora Vitalia, cuyos máximos responsables se encuentran en prisión.
También recibieron dinero de Uniter. El dueño de esta mediadora tiene que declarar en los juzgados en los próximos días.
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