Una jueza del tribunal de la Infanta se abstiene por ser familia de un abogado

Tres días después de que si diera a conocer la identidad de los tres magistrados que juzgarán a los 18 procesados del «caso Nóos» –entre ellos Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina– la composición del tribunal puede sufrir su primera baja. Una de las magistradas que iban a integrar la Sala, Eleonor Moyá, ha planteado a la Audiencia Provincial de Palma su posible abstención por ser familiar de uno de los abogados defensores.

En un breve escrito, Moyá esgrime el artículo 219,2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece como causa de abstención, y en su caso de recusación, «el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado con el letrado o procurador de cualquiera de las partes que intervengan en el pleito o causa».

La magistrada desvela que es la concuñada del abogado Juan Piña Miguel, uno de los letrados defensores, que está casado con una hermana de su marido. «Como quiera que las causas previstas en el artículo 219 tienden a garantizar la imparcialidad objetiva», esa circunstancia, añade, le suscita la «duda» de si podría incurrir en uno de los supuestos de abstención que regula la ley.

Si bien una relación como la que se produce en su caso «no ha sido tradicionalmente considerada como parentesco en el ámbito del derecho privado», recuerda, al estar en juego un «interés público» no tiene claro si la interpretación del supuesto de abstención debe incluir sólo el parentesco de sangre o, también, una situación como la suya.

«Siendo la abstención un deber jurídico», la magistrada traslada a la Audiencia de Palma esta circunstancia para que la instancia superior «resuelva si se da una situación que queda abarcada por las causas legales de abstención».

A expensas de lo que finalmente suceda con Moyá, los otros dos miembros del tribunal son el magistrado Juan Pedro Yllanes, quien presidirá la Sala, y Samantha Romero, que apenas lleva tres semanas en la Sección Primera de la Audiencia de Palma, pues tomó posesión el pasado 30 de abril. Ella será, precisamente, la encargada de redactar la sentencia tras ser designada ponente.

La Audiencia de Palma debe decidir aún la fecha de comienzo del juicio, que podría durar más de tres meses, y que presumiblemente no será antes de diciembre.