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Una lacra sin fronteras ni ideología

Tres cuartas partes de los europeos consideran la corrupción una plaga creciente

La Razón
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La corrupción política no entiende ni de fronteras ni de ideologías. En tal caso, lo único que separa a unos países de otros es la tolerancia de su población, así como los controles para evitarla. Así, tradicionalmente, en el norte de Europa la ciudadanía exige un mayor grado de responsabilidad a sus dirigentes que lo que pueden hacerlo en los países mediterráneos.

En Italia, el ex primer ministro Silvio Berlusconi permanece en la vida política pese a su conflicto de intereses (controla la mayoría de los canales de televisión del país) y está imputado en cuatro causas judiciales que van desde la inducción a la prostitución («caso Ruby») al fraude fiscal («caso Mediaset»). Por el contrario, en Suecia, la ex viceministra Mona Sahlin tuvo que dimitir en los noventa por haber usado la tarjeta de crédito oficial para comprar chocolatinas, cigarrillos y pañales. Un caso que sorprendería a sus colegas de otros países europeos.

Tres cuartas partes de los europeos consideran la corrupción un problema creciente en su país, según muestran las encuestas de la Unión Europea. Y es que en 2012, se llevaron a cabo juicios de corrupción de alto perfil en Francia e Italia. Los escándalos políticos de corrupción implicaron gastos de miembros del Parlamento (Reino Unido), fraude de pensiones (Noruega), clientelismo (República Checa, Rumanía) y conflictos de interés (Bulgaria, Finlandia, Eslovenia). Esta misma semana, el primer ministro checo, Petr Necas, tuvo que presentar su dimisión tras verse envuelto en el mayor escándalo de corrupción y espionaje que ha vivido el país centroeuropeo desde la caída del comunismo.

Según la organización Transparencia Internacional, los países europeos más corruptos son Rumanía (65), Bulgaria (75), República Checa (54), Eslovaquia (62) Italia (72) y Grecia (94). Por el contrario, Dinamarca, Finlandia y Suecia ocupan los primeros puestos en transparencia. La ONG constata que las sospechas de corrupción golpean especialmente a los Estados más golpeados por la crisis económica, es decir los países mediterráneos. España ocupa el puesto 31.

Incluso Alemania, no se ha librado de la sombra de la corrupción y del engaño de su clase política. El conservador Christian Wulff se vio obligado a dimitir en febrero de 2012 por tráfico de influencias y haber recibido favores de un empresario. Mientras, Angela Merkel ha tenido que sacrificar a dos ministros por haber plagiado su tesis (el de Defensa Karl-Theodor zu Guttenberg y la ex titular de Educación, Aneette Schavan).

Mientras, en Francia, el horizonte judicial del ex pesidente Nicolas Sarkozy hipoteca su eventual vuelta a la política. «Sarko» está imputado en el «caso Bettencourt» por «abusar de la debililidad» de la heredera de L'Óreal para financiar su campaña electoral en 2007. Además, la Justicia investiga si el coronel Muamar Gadafi contribuyó con 50 millones de euros a su campaña o en el «caso Karachi» por la obtención de comisiones con la venta de submarinos franceses a las Fuerzas Armadas de Pakistán cuando el dirigente conservador ocupaba la cartera de Presupuesto.

Por su parte, Michélle Alliot-Marie, la primera mujer en dirigir la diplomacia francesa, renunció a su cargo el 27 de febrero de 2011 tras haber aceptado unas vacaciones pagadas por un empresario cercano al presidente tunecino, Ben Ali, en plenas protestas populares contra su régimen.