Una «trama» de extorsión que llegó a la imputación de la Infanta

Se investiga si exigían a bancos «importantes cantidades» para retirar la acusación o presentar una demanda.

Desde febrero de 2015 lleva la Audiencia Nacional investigando las actividades de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) y de Manos Limpias, al objeto de determinar si sus actuaciones en determinados procedimientos penales fueron del todo «limpias», o si, por el contrario, había mediado algún tipo de presión o extorsión para impulsar o parar una acusación. Tanto la Fiscalía, que fue quien inició en esas fechas la investigación, como el juez Santiago Pedraz, al que le correspondió por reparto la querella presentada posteriormente, el Ministerio Público, ya tenían en su poder testimonios de algunas personas que aseguraban que habrían recibido ese tipo de presiones. Se investiga si los principales responsables de Ausbanc y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernard, respectivamente, han podido incurrir en los delitos de fraude a las subvenciones públicas, extorsión, pertenencia a organización criminal, estafa y administración desleal.

La investigación se encontraba en un punto en que todo estaba previsto para que en fechas próximas –no estaba concretado el día– se produjesen las entradas y registros y se practicasen las detenciones. Sin embargo, las filtraciones registradas en los últimos días provocaron que se tuviesen que adelantar a ayer, para evitar que pudieran destruir pruebas -algo que, según fuentes solventes, ha podido suceder-. Por ello, a primera hora de la mañana, agentes de la UDEF detenían a Miguel Bernard y Luis Pineda, secretario general de Manos Limpias y presidente de Ausbanc, respectivamente, y, posteriormente, se registraban ambas sedes durante toda la mañana y parte de la tarde, incautándose de numerosa documentación. En total, se produjeron once detenciones.

Pero dentro de la investigación que lleva la Audiencia Nacional no sólo se encuentran algunos testimonios que recogerían esos intentos de extorsión, sino también otros «elementos contundentes de pruebas», según señalaron a LA RAZÓN fuentes conocedoras de esa investigación, como «varias conversaciones telefónicas» en las que los implicados habrían intentado extorsionar a varios bancos.

«Dos socios; Pineda, el cabeza»

De esta forma, tanto Pineda como Bernard actuarían como «dos socios», que actuarían, presuntamente, de forma coordinada y con un reparto de papeles: uno sería quien pidiese el dinero y amenazase con iniciar un proceso penal, y otro el que, en caso de que el extorsionado no accediese, pondría en marcha el mecanismo judicial. Sin embargo, y aunque actuaran de forma asociada, Pineda, presidente de Ausbanc, sería la «cabeza» de esa «organización», la que marcaría los «pasos a seguir». En primer lugar, exigiría la contratación de publicidad en su revista, y, a cambio de ello, «hablar bien» de la entidad que hubiese pagado ese dinero; en caso contrario, se difundirían informaciones negativas; y, en tercer lugar, con amenazas judiciales, civiles, que ejercerían los abogados de Ausbanc, mientras si que fuese de carácter penal, es donde entraría Manos Limpias.

Uno de los aspectos que se investiga es si el Colectivo de Funcionarios Manos Limpias pidió tres millones de euros a los abogados de Doña Cristina de Borbón por retirar la acusación contra ella en ella, y, de esa forma, salvarle del juicio, en el que está acusada de cooperadora necesaria de dos delitos fiscales atribuidos a su marido, Iñaki Urdangarín. Este intento de extorsión se habría intentado, según fuentes jurídicas, a través de dos entidades bancarias: La Caixa y Banco Sabadell. Se da la «circunstancia» de que la Infanta trabaja en el primero de esos bancos, mientras que uno de sus defensores está igualmente muy vinculado al segundo de ellos. Estos hechos se pusieron en conocimiento del fiscal del «caso Nóos», Pedro Horrach.

Pero no está sólo este procedimiento, sino también supuestos similares en otros procedimientos, y, de hecho, se cuentan con declaraciones efectuadas en ese sentido de implicados en otros procesos judiciales.

En todo caso, las fuentes consultadas sí insistieron en que esta investigación no tiene absolutamente nada que ver con la imputación de Doña Cristina en el «caso Nóos». «Eso es absolutamente falso, y se comprueba en que la investigación de la Audiencia comenzó hace más de un año». Con todo ello, dentro del curso del curso de la instrucción se han podido obtener suficientes indicios de que las personas detenidas utilizaban dichas entidades, que supuestamente no tienen ánimo de lucro, para su enriquecimiento personal o el de sus allegados, «mediante prácticas de extorsión a entidades financieras o personas vinculadas a las mismas, así como mediante la obtención fraudulenta de subvenciones y otras prácticas delictivas, como la retirada de la acción penal en algunos procesos previa exigencia de importantes cantidades de dinero, actividades que venía realizándose de forma organizada y prolongada en el tiempo», según destacaba la Fiscalía en una nota pública.