Uno de los cinco presos más controlados de España

La Audiencia Nacional no pierde de vista a Iosu Uribetxeberria Bolinaga desde que el preso etarra obtuviera la libertad condicional en octubre del pasado año. Hasta el punto de que, según confirmaron fuentes de este tribunal, el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, recibe informes diarios sobre su situación. «Los controles son exhaustivos y muy detallados y se efectúan todos los días», aseguran esas mismas fuentes. De hecho, añaden, Bolinaga «y otros cuatro presos más», ninguno de ellos terroristas, son en estos momentos los reclusos más vigilados de España.

Y es que el Reglamento Penitenciario recoge las causas por las que la libertad condicional puede ser revocada. Su artículo 201 establece que esa revocación se debe acordar por el juez de vigilancia cuando, durante el tiempo que le reste al liberado para cumplir su condena, éste volviese a delinquir «o inobservase las reglas de conducta impuestas, en su caso, por el juez de vigilancia». En ese caso, el responsable de los servicios sociales de la prisión

–en este caso el centro penitenciario de Martutene (San Sebastián)– debe comunicar este hecho, «con remisión de cuantos datos puedan ser útiles», al juez de vigilancia penitenciaria para que el magistrado decida al respecto.

Las condiciones impuestas a Bolinaga al concederle la libertad condicional le impiden acercarse al domicilio o lugar de trabajo de alguna de sus víctimas o familiares directos de éstas. Además, no puede participar «de forma activa o pasiva» en manifestaciones públicas de enaltecimiento del terrorismo o legitimación de la violencia. Del mismo modo, no puede realizar declaraciones que acarreen «desprecio o desconsideración» a las víctimas del terrorismo u ofenda sus sentimientos. Por último, el etarra tiene prohibido ausentarse de Mondragón (Guipúzcoa), localidad en la que reside, sin autorización judicial, y está obligado igualmente a comunicar al juez Castro cualquier cambio de domicilio.

El Reglamento Penitenciario deja en manos de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario la elaboración «de un programa individualizado para el seguimiento de los liberados condicionales que se adscriban al centro penitenciario, que será ejecutado por los servicios sociales del mismo».

La normativa penitenciaria también contempla la posibilidad de que, antes de que el liberado condicional extinga la condena, «se descubriera algún error o inexactitud en los informes aportados al expediente», una circunstancia que debe ponerse en conocimiento del juez de vigilancia para que «adopte la resolución que proceda». De ahí que ahora corresponda al juez Castro evaluar el contenido del nuevo informe médico remitido por el Hospital Donostia sobre el actual estado de salud de Bolinaga (a quien en octubre se pronosticó un año de vida).