Víctimas del saqueo de los 1.200 millones de los ERE

Son los afectados por los recortes de la Junta de Andalucía. Pero también por el «caso de los ERE», que ha costado cerca de 1.200 millones de euros a las arcas públicas, según la Cámara de Cuentas

«Va a llegar un momento de frustración que puede afectar al funcionamiento de la Sanidad pública»

Andrés Gómez. Enfermero del Servicio Andaluz de Salud (SAS)

Jaén- «Nosotros intentamos por todos los medios que la calidad de nuestros cuidados no caiga y, de hecho, hasta ahora, por lo menos en la parte de mi grupo, creo que lo estamos consiguiendo. No sé hasta cuándo porque, cuando tú no tienes descansos suficientes, cuando en una planta estamos tres en vez de cinco como esta mañana...». Así de claro se muestra Andrés Gómez, un enfermero del Hospital Neurotraumatológico de Jaén, que depende del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Según advierte, el personal de los hospitales y centros de atención primaria está trabajando «con ilusión» para mantener el servicio a pesar de los recortes de la Junta de Andalucía , pero va a llegar «un momento de frustración importante que puede afectar al funcionamiento de la Sanidad pública». Él y sus compañeros se enfrentan a una «reducción global de la estructura del salario», con supresión de complementos como el específico de provincia que, según estimaciones del Sindicato de Enfermería (SATSE), supone 6,2 millones de euros sólo en Jaén. «Incomprensiblemente, no han tocado la productividad. No entiendo que nos paguen por hacer nuestro trabajo como tenemos que hacerlo, aunque sé que no la tocan porque la cúpula es la que más se beneficia», añade Gómez. Pero esta reducción salarial no es su principal preocupación, sino que lo que más les está afectando es el recorte del plantilla. Según detalla, «se están amortizando las jubilaciones y las bajas». «Nosotros, ahora mismo, en una unidad de doce enfermeras, estamos supliendo dos, que es un porcentaje importantísimo. No cubren ninguna baja ni jubilación, salvo que haya tres bajas y entonces cubren una con un contrato del 75%», asevera. En este contexto de mayor trabajo, Gómez ha visto cómo se han alterado sus turnos y, con ello, sus días de descanso. Antes, según explica, habían acordado unos turnos anti estrés con ayuda del SATSE, consistentes en tener un turno seguido para conocer al paciente y luego varios días de descanso para «aislarse». «Eso se ha roto. Ahora tengo cuatro de trabajo y uno de descanso», explica el enfermero, antes de lamentar que la conciliación de la vida familiar se ha convertido en «un caos». Por último, Gómez se muestra sorprendido por «la falta de contestación social». «Tengo 56 años y me considero de la generación que instauramos en España la sociedad del medio bienestar y yo pensaba que esto no iba a ir nunca para atrás. Considero que tengo gran culpa porque no he educado políticamente a mis hijos y porque pensamos que esto iba a ir a mejor y lo dejamos en manos de los políticos, que se han erigido en casta», concluye.

«La gente que se lleva el dinero nos lo quita a nosotros»

Mari Ángeles Peña. Impulsora y presidenta de la Asociación Andaluza para la Rehabilitación e Integración del daño cerebral adquirido y congénito (ADCA)

Sevilla- Las organizaciones en favor de las personas con discapacidad contemplan con terror los impagos de la Junta de Andalucía, ya que éstos comprometen su viabilidad. Es el caso de la Asociación Andaluza para la Rehabilitación e Integración del daño cerebral adquirido y congénito (ADCA), impulsada por la enfermera barcelonesa Mari Ángeles Peña en 1998 para ayudar a su hijo César, que había sufrido un aneurisma que le provocó daños cerebrales, y a otras personas que pudiesen encontrarse en una situación parecida.

A día de hoy, ADCA atiende al propio César y otros ocho chicos con daños cerebrales. Cada mañana, una furgoneta de la asociación los recoge en sus casas y los lleva a un pequeño local cedido por la Junta a las afueras de Sevilla. Allí tienen rehabilitación y también desayunan, comen y meriendan. Varios días a la semana salen del centro para realizar actividades como cocina, piscina o radio, o para cuidar su huerto ecológico. La Junta acordó un pago de 1.300 euros mensuales por chico pero ahora «paga atrasado», según denuncia Peña. A principios de cada mes, la asociación está obligada a hacer la liquidación y, una vez que la Junta la comprueba, da orden de pago. «Ellos lo repasan y te ponen un correo que dice "pasa pagos". Antes te iba muy bien porque, si hacías la liquidación el día 1, te lo ponían el día 17 o 20 ahora no. En este mes hemos cobrado febrero. Es decir, todavía tenemos que cobrar marzo, abril y mayo», subraya. Además, los bancos ya no les adelantan dinero, como hacían antes al ver el convenio con la Junta. Hace poco escribieron al ICO para que les concediese un aval y éste los mandó a Suraval, que no los concede ni a fundaciones ni a asociaciones. En vista ello, Peña y la junta directiva de la asociación han acordado pedir a las familias de los chicos que hagan un pequeño esfuerzo y aporten dinero para algunas de las actividades. Eso sí, la presidenta de ADCA no cree que pueda llegar un día en que las ayudas públicas se supriman y tenga que cerrar. Y si intentan acabar con ellas, «no lo van a conseguir». «Hago una huelga de hambre. No estoy mal de la cabeza, tengo médicos preparados», explica.

Peña no termina de entender que se hable de estas situaciones y que en paralelo haya tanto derroche. La pone «mala» todo lo que se ha gastado en cosas inútiles y todo el dinero que se ha robado en casos como el de los ERE. «La gente que se lleva el dinero nos lo quita a nosotros», afirma, no sin antes pedir a los políticos que hagan un esfuerzo por conocer lo que de verdad hacen asociaciones como ADCA.

«Por ser autónomo, no puedo acogerme al decreto antidesahucios andaluz»

Eduardo Martín, en proceso de desahucio

Sevilla - A principios de la década pasada, Eduardo Martín decidió invertir dinero en una minicargadora –una pequeña máquina con una pala– y hacerse autónomo para ofrecer sus servicios a empresas constructoras. «Iba luchando, pero tenía para el frigorífico y tenía para pagar, pero de buenas a primeras empezó a engordar la letra», recuerda, antes de reconocer que cada cierto tiempo tenía que ir a una entidad financiera porque no le salían las cuentas.

Para ponerse al día, lo primero que tenía que hacer era pagar el «leasing» de la máquina y, una de las veces que acudió al banco, le propusieron firmar un préstamo hipotecario. Hipotecó su casa en Sevilla Este, que había adquirido tiempo atrás por doce millones de pesetas al ser Vivienda de Protección Oficial (VPO). Después de ello, la situación económica empeoró y Martín dejó de pagar. Ahora está pendiente del lanzamiento hipotecario. «Tenía la subasta el día 29 y hemos conseguido paralizarla para intentar acogerme a la ley de 2013 respecto a las cláusulas abusivas», explica, al tiempo que agradece la ayuda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Su preocupación principal son sus dos hijos pequeños, ya que «no se les puede explicar» por qué se quedan sin casa.

Martín es tajante a la hora de analizar cómo ha llegado hasta aquí: «Fui emprendedor y eso ha sido lo que me ha partido la vida en dos». A su juicio, al actuar de manera legal acabó viéndose superado por las deudas. También cree que el hecho de trabajar por su cuenta le ha perjudicado en otros momentos de su vida. Como ejemplo, incide en que antes tenía cuatro años cotizados de paro pero, por haber sido autónomo más de cuatro años, éste le ha «caducado». En la misma línea, denuncia que el decreto andaluz de vivienda, que contempla las polémicas expropiaciones de viviendas sobre las que pese un expediente de desahucio a los bancos, no le va a ser aplicable por ser autónomo. «Yo, por ser autónomo, de momento, no me puedo acoger a esa ley», lamenta.

Asimismo, Martín recalca que toda su situación se complicó por un accidente de moto en 2008. «Sufrí una negligencia médica y han tardado más de dos años en darse cuenta de que tengo el pie mal», señala. Confiaba en obtener una pensión por ello, pero la jueza le puso pegas precisamente por ser autónomo. «Yo entiendo que me pueden haber dictado esa sentencia porque no pueden dar pensiones, porque está la cosa muy mala... pero mucha gente está cobrando ayudas sin tener que hacerlo, como el "caso de los ERE"o el "caso de la Campanario". Si nosotros estamos actualmente en la crisis que estamos es principalmente por la España que tenemos, la España del cacique, la España del amiguismo», concluye.

«Todo lo que sea Iglesia les huele mal»

Óscar Gallardo. Jefe de estudios del colegio Sagrado Corazón de Jaén

Jaén- La Junta de Andalucía ha retirado los conciertos a los colegios San Francisco Solano de Montilla (Córdoba), Nuestra Señora del Carmen de La Palma del Condado (Huelva), Sagrado Corazón de Bailén (Jaén), Presentación de Nuestra Señora de Linares (Jaén), Santo Domingo Savio de Úbeda (Jaén), San Juan Bosco de Morón de la Frontera (Sevilla) y Calasancio Hispalense de Montequinto (Sevilla). El colegio Sagrado Corazón de Jaén mantiene el suyo, que acaba de ser renovado por cuatro años, pero el claustro y los padres del centro no admiten lo que ha ocurrido a otras escuelas y temen lo que le pueda pasar a la suya. «Con esta gente, uno no se puede fiar. En cualquier momento sacan una ley nueva contraria a lo que estaba establecido y se suprime o se reduce el concierto», advierte la hermana Inmaculada Saavedra, que dirige el pequeño colegio.

El jefe de Estudios, Óscar Gallardo, también está preocupado porque, según explica, si les quitasen el concierto estarían abocados al cierre. «A veces se cree que en la concertada se selecciona a los alumnos, que el alumnado paga y que tenemos muchos más medios. Quizá en los colegios privados sí puede ser así, pero aquí no se seleccionada al alumnado, porque la selección es exactamente igual que en los público, los padres no pagan y, sobre los recursos, aquí siempre estamos en números rojos», señala.

Para justificar la retirada de conciertos, la Junta hace hincapié en el descenso de la natalidad y en que muchos colegios públicos tienen plazas vacías. En la zona del Sagrado Corazón de Jaén hay también cinco centros públicos y tres de ellos están «prácticamente sin solicitudes». En cambio, el colegio concertado tiene mayor número de solicitudes que plazas porque, en palabras de Gallardo, hay «una demanda real». Según subraya, el Gobierno andaluz debe garantizar el derecho a los padres a decidir la educación de sus hijos y, si tiene problemas para llenar las aulas de los centros públicos, tendrá que tomar medidas como reducir el número de alumnos por clase o apostar por la formación y la motivación del profesorado.

El docente también desmonta los argumentos puramente económicos para retirar conciertos e incide en que, de acuerdo con las cifras de Escuelas Católicas de Andalucía, el coste del puesto escolar en la enseñanza pública es de 6.187 euros al año y en la concertada de 3.026 euros. De esta forma, y teniendo en cuenta que la escuela concertada tiene 298.235 alumnos en Andalucía, al año se ahorran 942.720.835 euros.

A juicio de Gallardo, detrás de estas decisiones de la Junta «hay motivos ideológicos porque todo lo que huele a Iglesia les huele mal». «En la base de todo hay una motivación política. IU está en la Consejería de Educación y, según han dado entender en alguna reunión, tienen que complacerla», zanja la hermana Inmaculada.

Información de Rodrigo Pinedo