El partido Vox ha anunciado la interposición de una querella contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, así como contra Koldo García, Javier Hidalgo, Víctor Aldama o Bartolomé Lora. La formación liderada por Santiago Abascal acusa a los mencionados de presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.

Según ha informado el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, en rueda de prensa la decisión se produce tras las pruebas aportadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que vinculan a los querellados con una supuesta trama de favores y ventajas otorgadas desde el entorno más cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La UCO reveló que el entonces CEO del grupo empresarial, Javier Hidalgo, en un momento en que se veía complicado que el Consejo de Ministros diese la millonaria ayuda pública a la aerolínea, estando «muy jodido» y «buscándose la vida» –como contó Víctor de Aldama a Koldo García en un wasap–, recurrió a la esposa del presidente del Gobierno. A Gómez la conocía de la etapa en que ella dirigía el Africa Center en el Instituto de Empresa que incluyó incluso viajes compartidos a eventos de la Organización Mundial del Turismo de los que hay fotos posando juntos. De hecho, una de las filiales de Globalia, Wakalua, pactó en un primer momento poner para el ente que dirigía Gómez 40.000 euros a modo de patrocinio.

Los servicios jurídicos de Vox sostienen que los mensajes y comunicaciones analizados por los investigadores muestran un uso indebido de su “situación predominante” para beneficiar a determinadas empresas, entre ellas Air Europa, en el proceso de concesión de ayudas del fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). “Resulta preminente que Air Europa logró una situación ventajosa frente a otros candidatos que se encontraban en igual o mejor derecho para optar a ese fondo”, afirma Fúster, por lo que en Vox ven un “claro delito de tráfico de influencias en concurso con prevaricación y cohecho”.

La querella busca, además, esclarecer qué beneficios obtuvieron los implicados a cambio de las supuestas actuaciones irregulares. “Queremos saber todo lo que obtuvieron”, subrayan desde el partido.

Vox califica esta acción legal como una “obligación”, ante lo que consideran una dejación de funciones por parte del resto de fuerzas políticas y medios de comunicación. “Nunca deja de sorprendernos que en esto solo esté Vox”, añaden.