Zarzuela quiere ser neutral

Felipe VI iniciará el martes la cuarta ronda de consultas con una consigna férrea desde la Casa del Rey: el Jefe del Estado no hace política.

El Rey, junto a Jorge Garbajosa, presidente de la federación española de baloncesto, ayer durante el partido de España contra Venezuela
El Rey, junto a Jorge Garbajosa, presidente de la federación española de baloncesto, ayer durante el partido de España contra Venezuela

Felipe VI iniciará el martes la cuarta ronda de consultas con una consigna férrea desde la Casa del Rey: el Jefe del Estado no hace política.

En este periodo político, tan inestable como, si se permite, desquiciante, uno de los papeles más difíciles lo tiene el Jefe del Estado. Precisamente, por la imprecisión de su función en contextos que, durante la redacción de la Constitución hace 38 años no se plantearon, porque nunca en la historia de nuestra democracia se había vivido semejante situación. El Monarca tiene que proponer un candidato para que se presente a una investidura, sí, pero ¿qué pasa si tras la ronda de consultas se constata que ninguno tiene apoyos suficientes? ¿Está obligado a proponerlo? Sí... ¿pero cuándo? No está establecido. ¿Puede influir en los políticos para que lleguen a un acuerdo? La Carta Magna establece que es árbitro y moderador regular de las instituciones, y se le exige neutralidad, pero ¿dónde está el límite? En medio de estas preguntas –nunca antes planteadas durante el reinado de Don Juan Carlos– ante la posibilidad de que los políticos lleguen nuevamente a las entrevistas con el Monarca sin un pacto cerrado de Gobierno, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sirvió la polémica en una entrevista con «El País», desvelando públicamente sus intenciones de pedirle al Monarca que convenza al secretario general socialista, Pedro Sánchez, de que se abstenga para facilitar la investidura del líder del PP y actual presidente en funciones, Mariano Rajoy. Todos los colores de la clase política, salieron a modo de «collage» a advertir al líder de Ciudadanos de que el Rey no debe interferir en las negociaciones, lo que el actual ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, resumió en «no borbonear». Aunque por parte de la Casa del Rey no hubo ninguna reacción pública, el mensaje que se ha transmitido por parte de la Corona desde que se publicó la lista de entrevistas de esta semana, respecto a cualquier planteamiento de la postura que adoptará Don Felipe en dicha ronda es continuo: el Rey no hace política. «Independencia y neutralidad» son conceptos que afloran continuamente en las conversaciones. Para la Casa del Rey es muy importante que esta declaración de intenciones quede grabada en la opinión pública, porque cualquier movimiento que pueda parecer una inclinación hacia un color político determinado puede ser demoledor para su imagen: hay que tener siempre presente, independientemente de sus límites constitucionales, que son cuatro fuerzas políticas peleando su «sillón» –aunque no paren de usar esta palabra para criticar a los otros–, con sus respectivos electorados.

Este periódico publicó recientemente una encuesta de NC Report según la cual el 54,4% de los españoles considera necesario que el Jefe del Estado impulse un acuerdo entre los partidos para desbloquear la situación, en caso de que no consigan llegar a un acuerdo de gobierno, con el fin de evitar unos terceros comicios. De momento, Don Felipe se encuentra en una difícil encrucijada, porque, a pesar de que su objetivo sea ceñirse a la Constitución y, escrupulosamente, a su papel institucional, de modo que no se le pueda tachar ni una línea de actuación, hasta el notario más aséptico tiene que tomar decisiones. Y el Rey puede encontrarse con que el jueves de la próxima semana, después de tres días de entrevistas con los políticos de los partidos con representación parlamentaria, el candidato que encabeza la lista más votada, Mariano Rajoy, no tenga el respaldo necesario para formar gobierno de cara a una investidura. Y ahí está la complicada situación que deja a Don Felipe ante la duda de dos caminos, con el cumplimiento de la Constitución por delante. Porque su cumplimiento permite optar por los dos: o proponer al líder del Ejecutivo en funciones, como hizo en enero tras los resultados del 20-D –la Carta Magna establece que debe decantarse por el aspirante a La Moncloa que encabece la lista más votada–, o posponerlo hasta que obtenga los apoyos necesarios, ya que legalmente no existe un plazo de tiempo para hacerlo. Optar por la primera opción implica arriesgarse a que se produzca una nueva investidura fallida, o exponerse a que Rajoy vuelva a declinar el regio ofrecimiento como hizo tras la primera ronda de consultas: el presidente del Gobierno en funciones ya ha advertido de que no irá a una investidura si no tiene posibilidad de formar gobierno, y ha propuesto abrir un periodo de reflexión. Precisamente ésa es la segunda opción del Rey: aplazar la propuesta de algún candidato, condicionándola a un acuerdo sellado entre los partidos, como resolvió tras la investidura fallida de Pedro Sánchez después de la tercera serie de encuentros políticos. Éste es el escenario que más barajan los principales partidos políticos, que por otro lado sería contradecir los pasos dados en la anterior legislatura. Felipe VI vuelve a estar esta semana en el punto de mira del tablero político, a pesar de que dentro de sus funciones constitucionales no esté la de mover ninguna figura.