El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha entregado este viernes en Santiago de Compostela un archivo con pruebas digitales sobre el auge de anuncios ilícitos de viviendas turísticas en la ciudad. En una reunión con la alcaldesa, Goretti Sanmartín, el ministro ofreció toda la colaboración de su departamento para frenar este fenómeno, que considera especialmente preocupante en una ciudad Patrimonio de la Humanidad como la capital gallega.

La documentación entregada por Bustinduy, elaborada por la Unidad de Análisis de Consumo, revela que en una sola plataforma de alquiler vacacional se han localizado 406 anuncios de viviendas turísticas en Santiago. Una cifra que contrasta de manera significativa con las 66 licencias oficiales concedidas por el Ayuntamiento. Además, el ministro facilitó una relación detallada con las direcciones de 221 inmuebles que, según esta investigación, se están comercializando de forma irregular.

Esta información permitirá al consistorio compostelano abrir procedimientos para la retirada de anuncios, exigir el cese de actividad e incluso iniciar expedientes sancionadores. En este contexto, Bustinduy agradeció expresamente los “pasos firmes” del gobierno municipal para “acabar con el descontrol de los pisos turísticos” y se comprometió a prestar respaldo jurídico a las medidas que ya está desarrollando el Ayuntamiento.

El ministro no se limitó a ofrecer colaboración al nivel local. En su intervención ante los medios, solicitó también a la Xunta de Galicia que no “ponga escollos” a los ayuntamientos gallegos para dar de baja alojamientos turísticos del registro autonómico cuando se demuestre su ilegalidad. Asimismo, instó al Ejecutivo gallego a facilitar a los municipios la declaración de “zonas tensionadas”, una figura prevista en la Ley de Vivienda que permitiría limitar los precios del alquiler en zonas con alta presión residencial.

Anuncios ilegales

En este sentido, Bustinduy avanzó que en los próximos días su ministerio remitirá a la Xunta un nuevo archivo digital con datos sobre toda Galicia. Según la información recabada por Consumo, en la comunidad autónoma se han identificado 14.960 anuncios de alojamientos turísticos en plataformas online, de los cuales 9.125 no presentan número de licencia y serían, por tanto, ilegales.

El ministro enmarcó esta actuación en una estrategia nacional para frenar el crecimiento descontrolado de los pisos turísticos y la consecuente subida del precio de los alquileres. Bustinduy recordó que en Galicia el precio del alquiler ha aumentado un 70% desde 2014, según un estudio reciente sobre la variación acumulativa de la vivienda en España en 2024.

A esto se suma, indicó, el hecho de que Galicia presenta el mayor porcentaje de vivienda vacía del país (28%) y que sólo el 16% de los jóvenes gallegos pueden emanciparse debido al encarecimiento de los alquileres, según datos del Consejo de la Juventud de España.