“Juro por la biblia que nunca lo quise matar”

Manuel B.G., un exmiembro del grupo terrorista GRAPO, se ha sentado hoy en el banquillo de los acusados en Vigo por un intento de homicidio. El incidente ocurrió en septiembre de 2023, cuando disparó contra un joven en un parque.

El acusado ha alegado que actuó por miedo, fruto de un conflicto previo con la víctima, relacionado con sus perros. Ambos habían sido condenados por lesiones leves tras una disputa en junio. Manuel ha afirmado que, en esa ocasión, la víctima lo había amenazado de muerte y que él no pudo defenderse al no llevar su arma.

Sobre esta base, el ex GRAPO ha señalado que en el nuevo enfrentamiento entre ambos nunca tuvo la intención de acabar con la vida del joven. “Si hubiera querido matarlo, lo habría hecho, porque estábamos a dos metros”, apunta.

El septuagenario, que se ha sentado en el banquillo de los acusados de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, se enfrenta a 10 años de prisión, ocho por un delito de asesinato en grado de tentativa y dos por otro de tenencia ilícita de armas.

"No quiero matar a nadie. Ni a él, ni a nadie", ha reiterado en su declaración, durante la que ha justificado que disparó una vez porque se sentía "aterrorizado" desde un enfrentamiento previo entre ambos, en junio de 2023, por discusiones en relación a los perros que paseaban por un parque de Vigo -los dos fueron condenados por delitos leves de lesiones por ese episodio-.

"Es que en junio casi me mata", ha justificado, relatando que en ese episodio su oponente se "tomó la justicia por su mano" y no le remató porque la pareja del joven le dijo que lo dejara.

Hoy, Manuel ha expresado que, ante el temor de que en esta ocasión fuera "a rematarlo", realizó un disparo intimidatorio. "Juro por la Biblia que nunca lo quise matar", ha proclamado.

Sobre esta base, y según el relato del procesado, realizó "un disparo de advertencia", que dio en un árbol tras el que se cubría el joven. "Si quisiera, me sobraban las balas -la pistola, semiautomática, era de 6- para acabar con su vida, pero no era mi intención", ha reiterado.

El procesado ha admitido que la pistola era suya y que la tenía "porque estaba amenazado" por el Grapo, aunque sabía que disponer del arma era ilegal porque no tenía licencia -ni podía tenerla, debido a sus antecedentes-.

“Habían abierto las puertas del infierno”

La víctima, Pablo R.R., ha hablado de tres encontronazos previos y que en el de junio les había dicho a él y a su novia que "tenía una pistola, que era terrorista del Grapo y que habían abierto las puertas del infierno".

No le dieron credibilidad entonces, pero el día de autos, al verlo en el parque, empezó a grabar para registrar cómo los perros del ex GRAPO atacaban al suyo. Según él, les dijo que llevaba tiempo esperando ese momento y que iban a morir.

Al principio no se percató de que el acusado llevaba el arma porque estaba pendiente de los perros. "Cuando me doy cuenta, me parapeto detrás de un árbol y ahí es cuando dispara", ha contado.

Según su versión, él se encontraba "justo en la dirección del impacto, en la misma trayectoria de la bala", pero esta dio en el árbol, "grande", en el que se refugiaba, de más de un metro de grosor, por los gestos que hizo en la sala al referirse a sus dimensiones.

“Podía haberlo matado”

Su pareja, Sofía, ha sostenido que el exgrapo "disparó directamente hacia Pablo" y ha opinado que "podía haberlo matado". También ha dicho que el acusado efectuó varios disparos, aunque solo se mostró segura de haber escuchado uno.

Después de su detención, Manuel B.G. llevó a la Policía al lugar donde había dejado el arma, semiautomática y en excelente estado de conservación, para la que carecía de licencia.

La pistola contenía un cartucho en la recámara, estaba amartillada, sin el seguro puesto y con varios cartuchos en el cargador, preparados para hacer fuego en cuanto se accionase el gatillo. En su domicilio se encontró un cargador de pistola auxiliar con seis cartuchos y dos cajas con un total de 44 más.

La víctima sufrió una situación de estrés agudo, que precisó de asistencia médica inicial y tardó en curar 21 días, aunque no le quedaron secuelas, por lo que el fiscal solicita una indemnización de 804 euros.