Vigo, un lugar donde la Xunta siempre es la culpable

El 3 de junio de 2016 la entonces ministra de Fomento Ana Pastor firmaba en Vigo, con el alcalde Abel Caballero, el convenio de la Avenida de Madrid, principal arteria de entrada a la ciudad que permanece, desde casi siempre, enjaulada y olvidada entre medianeras de hormigón y viejas rejas que dotan de seguridad a lo que era una carretera hoy convertida en Avenida por la que circulan 50.000 coches diarios.

Aquella jornada, sin embargo, no fue una más. A la postre, sería el punto de partida para otro de esos problemas que, en Vigo, se enquistan de modo recurrente y terminan por ser culpa de la Xunta. Y todo pese a que el convenio -el que se firmó ese día y el que hubo de suscribirse luego, en julio de 2023, tras haber caducado el original el 31 de diciembre de 2022-, lleva las firmas de Ayuntamiento y Ministerio.

Un hecho que parece no significar nada para el alcalde de Vigo, que ha encontrado en el Gobierno gallego el comodín perfecto al que recurrir, también para un proyecto que suma ya casi una década en la agenda pública viguesa sin previsión de ver una pala indicativa de algún tipo de obra.

“El proyecto de la Avenida de Madrid está parado por la Xunta”, afirmaba, convencido, el regidor socialista esta semana recurriendo, una vez más, al único culpable de todas las cosas en la urbe. Antes con Feijóo, ahora con Rueda. “Son ellos los que lo tienen parado, son el antivigo total”, añadía en su versión más hiperbólica.

Informes sin pedir por el Ayuntamiento

Para realizar estas afirmaciones el alcalde se excusaba en que “faltan informes de la Xunta para que inmediatamente lo podamos aprobar”. ¿Faltan realmente esos informes? Sí y no, porque del retraso es responsable el Ayuntamiento de Vigo, que los acaba de solicitar.

En este sentido, resultan necesarios dos informes de la Administración autonómico: uno de Patrimonio y otro de Augas de Galicia. Para el primero, el Gobierno local realizó la solicitud el pasado 1 de marzo. Para el segundo, el Concello plantea directamente a Augas de Galicia una solicitud de autorización fechada este mismo 7 de marzo, a las 8.40 horas. Es decir, un día después de que Caballero echase en cara a la Xunta la falta de emisión de los informes.

Se entiende, así, la respuesta de la diputada del PP Irene Garrido: “Es Caballero quien intoxica cuando dice que el proyecto está paralizado por la Xunta, más bien apunta a todo lo contrario”.

Incremento del coste de la obra

Una intoxicación que también se hace extensible a los costes, que han pasado de 10 millones en el convenio original, a 17 millones en el actual. Un incremento para el que Caballero no ha dudado tampoco en buscar culpables. En este caso, la ex ministra Ana Pastor que “nos obligó a un proyecto que no era lo que queríamos para la Avenida de Madrid”.

Lo cierto es que como recoge textualmente el último acuerdo, el de julio de 2023, el coste es mayor por el “alza significativa en los precios de determinados materiales básicos para la construcción de obras de carreteras” y el “encarecimiento de la energía”.

En este sentido, cabe destacar que el índice de costes de la construcción, que publica el Ministerio de Transportes anualmente y pondera el coste de mano de obra y el de los consumos intermedios -materias primas y materiales, energía y gastos diversos-, ha aumentado un 40% desde el año de la firma original del convenio, pasando de 99,42 en 2016 a 139,47 en 2023.

Por lo tanto, el incremento de coste para las arcas municipales está directamente asociado a la falta de materialización de un proyecto que, además, apuntan fuentes de la administración autonómica, podría licitarse sin necesidad de esperar a los informes de la Xunta, ganando así una mínima parte de todo el tiempo perdido hasta la fecha.

Por ahora, y según aparece en el proyecto, el plazo total de la obra se ha estimado en doce meses, distribuidos en un total de dos anualidades. En el mejor escenario, y una vez licitado, esto acercaría la materialización de la nueva Avenida de Madrid a un entorno próximo a 2026, una década después de la firma original de Ana Pastor y Abel Caballero que, como siempre, encuentra en ello un único culpable, la Xunta de Galicia.