La guerra de los Palazuelo que salpica a los Alba

Las traiciones, estafas e infidelidades de la familia política del futuro duque de Alba se ha convertido en el culebrón del verano y en un quebradero de cabeza para los Fitz-James Stuart.

El drama de los Palazuelo tiene todos los ingredientes de una morbosa telenovela. Una esposa y unos hijos engañados, un laureado arquitecto que lleva una doble vida en Perú y una fortuna millonaria en juego. Si a esto se le suma el hecho de que uno de los miembros de la familia es el heredero al Ducado de Alba, Fernando Fitz-James Stuart (hijo de Carlos y nieto de la Duquesa de Alba), la dosis de morbo está servida. La batalla judicial tiene lugar estos días en un juzgado de Palma, donde los hermanos de Sofía Palazuelo (esposa de Fernando y futura duquesa de Alba) han declarado contra su propio padre por, presuntamente, arrebatar a su madre una cantidad ingente de dinero. En concreto, se está investigando la querella de la empresaria de arte Sofía Barroso, que acusa a su ex marido, Fernando Palazuelo Basaldúa, de despojarle de 50 millones de euros del patrimonio familiar. Dos de sus hijos, Jaime y Fernando, han presentado como prueba en su contra varios informes sobre sus presuntas irregularidades. Por su parte, el progenitor de Sofía negó ayer haberse apropiado del dinero de su mujer y culpó por ello a su contable, tal y como adelantó el «Diario de Mallorca».

Una vida paralela

Los suegros del futuro Duque de Alba se casaron en 1986 y se divorciaron en 2013. Es precisamente entre estos 27 años de matrimonio cuando tiene lugar el culebrón actual del que tanto Fernando Fitz-James Stuart como su esposa Sofía se quieren desmarcar. Sin embargo, para defender su causa, la madre de Sofía y sus hermanos, Fernando y Jaime, están exponiendo su vida al público y sacando todos los trapos sucios. Para alcanzar a comprender la magnitud de la polémica, es necesario retrotraerse hasta los 80, momento en el que el matrimonio Barroso-Palazuelo montaron Arte Exprés S.A.

Al principio, el negocio les fue estupendamente; los Palazuelo se dedicaron a coleccionar arte y disfrutaban de un alto nivel de vida hasta que llegó la crisis económica y, con ella, algunos problemas legales. En 2005, la matriarca se afincó en Madrid con sus hijos mientras que su marido se quedó en Palma para organizar la expansión del negocio a Perú. Pero, al parecer, no solo fue esta oportunidad del promotor inmobiliario lo que le llevó a Perú, pues en Lima comenzó una nueva vida personal, que ocultó a todos sus familiares y amigos. De este modo dejó atrás a su mujer y sus cuatro hijos en España y tuvo dos más con una nueva esposa.

Pero Fernando no dejaba solo a su familia, sino que en España también «olvidaba» una condena por coacción a dos inquilinos en 2006, deudas con Hacienda (le reclamaban casi cinco millones de euros) y una acusación por estafa en relación a la venta de pisos. Según Fernando, él nunca llegó a separarse, pero el matrimonio se rompió en 2012 cuando Sofía descubrió que había tenido un niño en Perú con Luciana Soldi, una arquitecta que ficharon para ejecutar los proyectos rehabilitadores en Suramérica. Mientras que él niega haber iniciado una relación extramatrimonial con Soldi en 2006, su ex esposa sostiene en su querella que se separó ese mismo año y que para entonces él ya mantenía relaciones sentimentales con la arquitecta. Esta versión ha sido apoyada ante el juzgado por uno de los hijos, que alegó que su madre sabía desde hacía un año que su padre tenía otra pareja y que en 2007 les presentó a Luciana como su nueva novia. Es más, ello habría ocurrido en España y habría sido la esposa engañada quien llegó a pagarle la estancia a la peruana, siempre de acuerdo a este testigo.

Ahora, todo ha salido a la luz porque su familia reclama a Fernando por vía judicial que les devuelva todo lo que se llevó. Cuando Fernando y Jaime terminaron de estudiar en 2012, ambos se mudaron a Lima, donde comenzaron a trabajar para la empresa de su padre. Tres años más tarde, alegan, descubrieron que las filiales peruanas de Arte Exprés S.A. ya no pertenecían a su matriz española e, incluso, habían dejado de pagar unos impuestos que Hacienda les reclama.