La última batalla "por dignidad"de los Franco: "Llegaremos hasta el final"

El Gobierno rectifica sobre la revocación del ducado de Franco. «Es mío», dice Carmen Martínez-Bordiú. «Nuestros derechos están siendo atropellados».

Cada vez que los Franco necesitan celebrar un cónclave familiar para resolver sus cuitas de finanzas, legales o qué estrategia seguir para enfrentarse a la que les está cayendo, se reúnen en el reservado del restaurante que hay en los bajos del edificio de Hermanos Bécquer, donde vivía la matriarca del clan y que hasta la fecha había sido su centro de operaciones. Ya no lo hacen en el comedor de la casa de Carmen Franco, sino en un restaurante muy concurrido por la sociedad madrileña, esa que maneja la banca y los asuntos que mueven el mundo. La familia tiene abiertos varios frentes; exhumación de Francisco Franco, revocación del ducado de Franco como símbolo franquista y la expropiación del Pazo de Meirás. A estos frentes abiertos, en uno de esos cónclaves, la familia decidió que la mejor forma de contestarlos era manteniéndose unida en su pacto de silencio, en seguir un perfil bajo de vida y en defenderse numantinamente pero con la ley en la mano. Aquel «atado y bien atado» que oímos hace años parece que sigue vigente porque es justamente la Ley quien ampara lo que el Gobierno de Sánchez quiere eliminar vía decreto ley, vía modificación de leyes o vía «relator». Aunque esta última opción, la del mediador, no ha sido ni eficaz ni cierta, porque cada vez que el Gobierno ha manifestado que habían hablado con la familia, los Franco, inmediatamente, vía portavoces o vía comunicado, lo han desmentido y aclarado: «El Gobierno siempre se ha manifestado vía terceros y eso no es hablar con la familia». Ellos no adelantan sus posiciones, ni enseñan su plan B hasta que el Ejecutivo mueva ficha. Se limitan a decir que, una vez que se presenten las acciones, junto con su equipo jurídico las estudiarán para actuar en consecuencia, siempre con la Ley en la mano, pero ni renuncian al Pazo, ni al ducado de Franco, ni a la exhumación voluntaria del anterior jefe del Estado. Acción, reacción, ese es el plan. La familia siente que sus derechos «están siendo atropellados y esta es una batalla que vamos a dar por dignidad y hasta el final». Es la declaración unánime e inamovible de los siete nietos Martínez-Bordiú Franco; Carmen, Francisco, Mariola, Cristóbal, María del Mar, Aranzazu y Jaime.

¿Por qué cada cierto tiempo y puntualmente se reactiva este tema? Quizá porque ahora, para sentarse a negociar el «procés», la parte catalana podría poner encima de la mesa como condición que se borre de la faz de la Tierra todo lo que tenga que ver con Franco. Pese a quien pese, ni ahora el Gobierno de Sánchez y ni antes el de Zapatero, encontraron la fórmula mágica de la amnesia colectiva, y se da la paradoja de que fue precisamente un gobierno socialista el que hizo más rico aún el patrimonio de los Franco recalificando un terreno. Además, las consecuencias de todo este «procés» es que ahora la Hospedería del Valle de los Caídos está a tope y antes no iba nadie, y la entrada de visitantes a la Basílica es un no parar, por lo que están «haciendo su agosto».

Exhumación

Vaya por delante que tanto la familia Franco, compuesta por los siete nietos, como la Fundación Francisco Franco piensan recurrir al Tribunal Supremo el decreto que saque el Gobierno, previsto para el próximo viernes. Tendrán un plazo de dos meses, toda vez que el Supremo ya le advirtió al Ejecutivo que no hiciera nada sin respetar la tutela efectiva de ellos.

Con respecto a la Iglesia, la posición parece firme. No habrá exhumación si no quiere la familia y si hay una resolución del Tribunal Supremo que así les obligue, seguramente optarán por acogerse al punto 1.5 del Tratado Internacional, el llamado Concordato del Gobierno español con la Santa Sede. Sobre los quince recursos, de los que habla la vicepresidenta Carmen Calvo, han sido presentados por particulares en el Ayuntamiento de El Escorial. Según el portavoz de la Fundación, Juan Chicharro, «el informe que ha pasado el Ayuntamiento de El Escorial al Gobierno de Sánchez es falso porque se basa en un proyecto técnico sobre las obras que tendrían que hacerse para levantar a Franco de allí. Dicen que costaría 3.000 euros, que es lo que cuesta arreglar mi cocina, y que es muy sencillo, algo que no es verdad, como alguno de esos recursos se admita a trámite se paralizaría todo otra vez». La familia pide que se respeten sus derechos igual que los del resto de españoles porque Franco ya no está. Según el portavoz y albacea testamentario de la familia, Luis Felipe Utrera, «ninguno de los nietos pidió que su abuelo fuera enterrado en el Valle de los Caídos, lo decidió el Gobierno y lo ratificó el Rey Juan Carlos. Su viuda, Carmen Polo, fue consultada y aceptó esa decisión con tristeza porque sabía que eso significaba que no podría ser enterrada junto a su marido, que es lo que habría querido y más siendo creyentes ambos. La única tumba que tienen en propiedad los nietos de Franco es la de La Almudena. El querer enterrarlo en la catedral madrileña no es producto de una maligna estrategia, es porque están ahí enterrados su hija Carmen Franco y su marido Cristóbal Martínez-Bordiú».

Expropiación de bienes de la familia

Según el portavoz de los Franco, que también es el albacea testamentario, «los derechos de la familia están siendo atropellados. Si uno conoce a los nietos, sabrá que ninguno está en política. El recuerdo que tienen de su abuelo es entrañable y, además, es con quien más han convivido porque vivían todos en El Pardo y tuvieron casi más trato que con sus padres». Cuando Franco muere, el más pequeño, Jaime, tenía 12 años y la mayor, Carmen, 24. Ninguno de los siete nietos reconocen a sus abuelos en las maledicencias que se cuentan, por lo tanto, les resulta doloroso. Opinan que se está utilizando políticamente su cadáver. Ninguno se imagina que alguien vaya a la tumba de su abuelo a molestarle. «No se puede erradicar todo el rastro de Franco, es imposible», explica el portavoz y albacea de la familia. El motivo por el que los Franco delegan en una persona ajena a ellos, más que por el pacto de silencio, es por el hecho de que es jurista, «porque hay que llevarlo por el campo jurídico y no por el político». Así se explica que no se pueda revocar la titularidad del Pazo de Meirás, que consta que es de los Franco desde 1941. Jurídicamente es imposible, «pero podrían expropiarlo si es por interés público y no lo hacen porque no quieren pagar por la expropiación, quieren que la familia lo done. Algo que no piensan hacer».

«El ducado de Franco es mío»

El título de duquesa de Franco tampoco lo pueden suprimir ni apelando al Rey, que no puede hacer nada porque no es un título de la Corona, como era el ducado de Palma de Mallorca que le quitó a su hermana Cristina, ni a la Ley de Memoria Histórica. Tal y como nos confirma, Carmen, la mayor de los nietos, «me pertenece a mí por ser la mayor. Mi pensamiento inicial era pasárselo a mi nieta mayor, Eugenia de Borbón, pero con buen criterio, tanto mi hijo, como mis amigos y mi abogado me aconsejaron que ahora mejor no mover ese tema y que ya habría tiempo más adelante». Un título que hubiera unido a los Borbón y a los Franco para siempre. Carmen Martínez-Bordiú es de pleno derecho duquesa de Franco con Grandeza de España. No se lo pueden quitar porque se ha producido la sucesión en la forma prevista por la Ley y excepto que ella tenga una conducta indecorosa, ese ducado es suyo. Es su apellido, no el nombre de una guerra, y más teniendo en cuenta que en España hay más de 40.000 personas que se apellidan Franco. ¿Les borramos a todos del mapa? El día antes de cesar en el cargo, el 31 de mayo de 2018, el anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, dejaba firmada la Orden JUS/708/2018, por la que se mandaba expedir la Real Carta de Sucesión en el título de duque de Franco, con Grandeza de España, a favor de doña María del Carmen Martínez-Bordiú Franco. El ministro lo dejaba firmado por orden de Felipe VI junto a otros doce nuevos nobles más.

La mal llamada herencia de los Franco

Según el albacea del testamento de Carmen Franco, «la herencia está adjudicada. No ha habido problemas en el reparto y se ha hecho de común acuerdo entre los siete hermanos. La madre hizo un testamento y se ha respetado escrupulosamente. A Luis Alfonso no le corresponde nada en especial porque solo puso como herederos a sus siete hijos y lo repartió todo por partes iguales. Esa cantidad de 500 millones de herencia es disparatada y muy alejada de la realidad y, por cierto, la mayor parte de la herencia que llaman de Franco deberían llamarla de Polo Martínez-Bordiú. Porque el patrimonio de Carmen Polo Martínez-Valdés era mucho más importante que el de su marido, Francisco Franco». Al parecer, Carmen Polo heredó una fortuna muy temprano, al morir jóvenes sus padres. Los Polo-Martínez Valdés tenían un gran patrimonio inmobiliario repartido entre Asturias y Madrid, fundamentalmente. Carmen Franco Polo, hereda de su padre, que dicen era un general de una austeridad tremenda, las dos propiedades que le regalaron en vida a Franco: el palacio de El Canto del Pico en Torrelodones y el Pazo de Meirás en Galicia, más las dos propiedades que su propio padre compra en vida, la casa de su familia en Ferrol y la finca rústica Valdefuentes en Arroyomolinos, y que curiosamente son los socialistas los que la recalifican en urbana, haciendo más ricos a los Franco, que venden una parte. De su madre, Carmen Polo, hereda un importante patrimonio inmobiliario en Asturias y Madrid. De su tía Isabel Polo, que muere sin hijos, hereda más patrimonio inmobiliario en Asturias y Madrid, y de su marido, Cristóbal Martínez-Bordiú, sobre todo fincas. Así que la parte menos importante de la herencia que reciben los siete nietos no viene de Franco.