40000 millones para cuadrar las cuentas

MADRID- El Gobierno está decidido a resistir hasta conocer el impacto en los mercados de los nuevos PGE y si las condiciones para el acceso al «rescate blando» son asumibles. Rajoy confía en que los quintos presupuestos de la crisis generen la suficiente confianza como para apaciguar a los guardianes del rigor fiscal, cuyo adalid es la canciller Merkel, y despejen las dudas de que España alcanzará con ellos el objetivo del 4,5% de déficit público en 2013. Traducido a números: una reducción del agujero de 63.000 millones a 45.000 millones.
Al ingente esfuerzo de 18.000 millones hay que sumar el pago de los intereses de la deuda, que añade otros 9.114 millones y los 6.683 que necesita una Seguridad Social que camina en la cuerda floja para no tocar el Fondo de Reserva o tocarlo, al menos, en la menor cuantía posible. El ajuste ronda los 34.000 millones, aunque podría incluso irse a los 40.000 millones (el Gobierno cifró el recorte para 2013 en 38.956 en el plan bianual que remitió en agosto a Bruselas).

Motivos hay para la esperanza, al menos según el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien considera que los ajustes aprobados hasta ahora, especialmente tras la subida del IVA, son «suficientes» para dejar el déficit en el 6,3% del PIB este año, como exige la UE, y preparar la senda para 2013. El Gobierno apostará por seguir apretando el cinturón a las distintas administraciones, sobre todo a la central, ya que se mantendrán las cuantías destinadas a las comunidades autónomas, pero esta vez con un mayor énfasis en el gasto creciente en prestaciones por desempleo, que se comen 30.000 millones al año por ahora.
Los nuevos presupuestos, realizados con la premisa de una leve contracción del 0,5% del PIB, están obligados a garantizar los servicios públicos básicos transferidos a las administraciones autonómicas, como la sanidad y la educación, las dos que más deberán recortar las CC AA. Además, aumentarán las partidas destinadas a transferencias a la Seguridad Social y a las instituciones comunitarias (a las que aporta unos 12.151 millones). También se incrementarán en un 7% los gastos a los ayuntamientos y a las diputaciones.

Funcionarios
Recortes, pero a menos revoluciones que en 2012
Proseguirán los ajustes en la Administración central del Estado aunque en menor cuantía. Por un lado, porque el esfuerzo requerido en 2012 a los funcionarios ha sido mayor de lo esperado, con la supresión de la paga extra de Navidad como máximo exponente del sacrificio (5.200 millones), y por otro, por el fuerte desgaste político de la medida en una jugosa bolsa electoral. Sin embargo, se prevén ajustes de unos 600 millones en lo que respecta a los gastos de personal, que, pese a todo, han crecido un 0,4% hasta el pasado julio. El Gobierno estudia reducir en un 22% el gasto en las prestaciones sociales en el régimen asistencial de Muface, al que están adscritos 1,4 millones de empleados públicos, más otros 700.000 beneficiarios. Los funcionarios temen también otro nuevo recorte del 50% en gastos de Acción Social. Pero puede que no todo sean malas noticias después de la insinuación del responsable de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien apuntó esta semana que podrían recuperar la paga extra de diciembre en 2013. En su conjunto, los ajustes en los ministerios serán de 4.300 millones, con recortes medios del 12%. Agricultura (-30%) y Fomento (-16%) se llevarán la palma.
 

Reforma del estado
Adelgazar los gastos y eliminar duplicidades
Como los ministerios disponen apenas del 3% del PIB (sólo Cataluña y Valencia se gastan juntas 38.288 millones al año, más que todos ellos juntos), la reducción se ampliará notablemente a las empresas públicas. Buena parte de ellas espera un horizonte algo menos complejo para su privatización o la entrada de inversores. Aunque los gastos corrientes del Estado se han reducido hasta los 7.610 millones, Rajoy espera ajustar más aún este capítulo controlando con lupa los gastos y las adjudicaciones de estas empresas, entre las que se incluyen las televisiones públicas. Otras instituciones, como el Congreso o el Senado, ya han anunciado recortes del 4% y el 2%, respectivamente, y la congelación de los sueldos de los diputados. La fusión de ayuntamientos podría ayudar a reducir el volumen de gastos. En su conjunto, las «medidas de racionalización» de las Administraciones Públicas, que evitarán las actuales duplicidades, proporcionarán unos 3.723 millones adicionales. Otros 6.867 millones provendrán de los ajustes en las comunidades autónomas, que incluyen recortes en sanidad y educación, y cerca de 3.500 millones de la Administración local.
 
Impuestos
Tras el IVA, retoques en patrimonio y plusvalías
Aunque son las comunidades autónomas las que gestionan el Impuesto de Patrimonio, es el Gobierno el que decide las grandes líneas y, por lo que parece, está dispuesto a incrementarlo, añadiendo además un mayor rigor contra el fraude. El tipo mínimo está en el 0,2% y el máximo, en el 2,5%. El sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha) asegura que si el Gobierno triplicara los tipos y creara un nuevo impuesto sobre la riqueza en 2013 evitaría tener que pedir ayuda al BCE. Esto implicaría situar el gravamen medio entre el 1% y el 2%. El Gobierno no descarta vincular esta subida a una exención en el pago para aquellas personas que compren deuda pública condicionada a la tenencia de letras o bonos durante un plazo mínimo. Entre septiembre y diciembre de este año, el Tesoro tiene vencimientos de deuda de unos 49.114 millones de euros, a los que se sumarán cerca de 108.000 millones en 2013. Aunque el Gobierno rechaza un impuesto a las grandes fortunas, sí gravará las plusvalías obtenidas con menos de un año de antigüedad, hasta el 52%, casi todas provenientes de la especulación. Con este impuesto y el llamado «céntimo verde», el Gobierno prevé recaudar unos 4.300 millones.
 

Paro y pensiones
Control al fraude laboral y menos bonificaciones
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado viernes en Roma una subida generalizada de las pensiones. El compromiso del Ejecutivo era firme y los últimos balances en la financiación de la deuda del Estado en los mercados no han hecho sino fortalecer esa convicción. Sin embargo, queda por determinar la cuantía del incremento y su vinculación absoluta al IPC está por ver. Por su parte, los gastos adicionales en materia de Seguridad Social se calculan en 1.040 millones de euros. Según el plan presupuestario que se envió a Bruselas el pasado verano, se contempla la reducción de un punto en las cotizaciones al régimen general de la Seguridad Social en 2013. En materia de empleo, con la tasa de paro desbocada y un incremento de los gastos en prestaciones que se comen de un bocado 30.000 millones de los casi 40.000 millones de ajustes contemplados para este año, el recorte previsto ascenderá a 5.746 millones tras la anunciada supresión de las bonificaciones a la contratación, la modificación de las prestaciones por desempleo y el resto de medidas anunciadas ya para luchar contra el fraude laboral.