Las empresas municipales se unen ante la «amenaza de privatización»

Sevilla- Con las arcas del Ayuntamiento en números rojos y la política de recortes más activa que nunca, las empresas municipales hacen frente común para defender su carácter público. El comité de empresa de Mercasevilla ha convocado para hoy una asamblea general a la que acudirán trabajadores de Lipasam, Tussam y Emasesa para, entre otros asuntos, suscribir un documento conjunto a favor de «la continuidad de los servicios públicos municipales».

Según Rafael Domínguez, presidente del comité de empresa de Mercasevilla, la iniciativa surge porque «hace tiempo que venimos sospechando que el nuevo Gobierno local privatizará estas empresas para así solucionar la difícil situación económica que atraviesan». A pesar de que el alcalde, Juan Ignacio Zoido, ha defendido siempre el carácter público de las empresas y organismos dependientes del Consistorio, Domínguez cree que «la falta de tesorería» y el «poco interés» de la Junta de Andalucía en proponer alternativas y en asumir su parte de responsabilidad desembocarán en la privatización.

No obstante, Domínguez reconoce la actitud «más beligerante» de Zoido en el conflicto que mantiene Mercasevilla en relación al pago del ERE de 2007, cuyo coste asciende a más de nueve millones de euros. «Por cuestiones obvias, el alcalde quiere enfrentarse a la Junta», sostiene el representante sindical, quien critica asimismo la «pasividad» de la Administración autonómica en este asunto, pese a que figura en la documentación del expediente como principal fuente de pago.

«Si el director general de Trabajo –Francisco Javier Guerrero– ha actuado a su antojo, el presidente de la Junta debería haberlo llevado al juzgado de guardia de inmediato», sostuvo Domínguez.

Por otra parte, el comité de empresa y el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, se comprometieron ayer a reabrir la queja que formalizaron los empleados sobre el ERE de 2007, que fue archivada en verano de 2010 al tratarse de un asunto sometido a una investigación judicial.

Los trabajadores explicaron a Chamizo la «difícil situación» que atraviesa la sociedad y le recordaron que cerró 2009 con pérdidas por valor de más de cuatro millones de euros y 2010 con 381.000 euros negativos. Según sus previsiones, la empresa podría cerrar 2011 con nuevas pérdidas por valor de 1,8 millones de euros, por lo que se podría incurrir en una posible causa de disolución. «Chamizo nos ha pedido documentación sobre los compromisos de pago de la Junta y pedirá las correspondientes explicaciones», dijo el presidente del comité de empresa.

En relación al convenio colectivo, que expira el próximo 31 de diciembre, Domínguez aseguró que los empleados todavía no han elaborado el anteproyecto, que deberá ser remitido posteriormente a la dirección de la empresa para que comiencen las negociaciones.