El Gobierno exigirá ahora a las autonomías que se aprieten el cinturón

MADRID- El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pisado a fondo el acelerador de los recortes y de las reformas estructurales para sacar a España del vagón de cola del euro, con independencia del coste político que estas medidas «impopulares tengan para su persona». Primero, ha metido las tijeras en las pensiones, en la dependencia, en el salario de los funcionarios, en las inversiones públicas... con el mayor recorte social de la historia. Luego, en la deuda de los ayuntamientos. Les ha prohibido por decreto ley que aumenten su nivel de endeudamiento en 2011.

De esta manera, tratará de evitar que la deuda municipal se dispare aún más. «Las corporaciones locales se han convertido en auténticos morosos, que asfixian a las pymes. Había que hacer algo y rápido», aseguraron a este diario fuentes del Ejecutivo.Una vez frenado el endeudamiento municipal, ahora le toca el turno de apretarse el cinturón a las autonómicas. Los gobiernos regionales, con independencia de su color ideológico, deberán contribuir también a esta nueva etapa de extrema austeridad. Concretamente, el Gobierno les demanda unos ahorros de casi 12.000 millones en tres años. Para explicárselo, Elena Salgado convocará en la primera quincena de junio, probablemente la próxima semana, al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), según confirmaron a LA RAZÓN fuentes del Gobierno. En esta nueva cita, el Ejecutivo presentará un informe con la distribución por áreas del recorte de 10.000 millones de los presupuestos autonómicos para el periodo 2010-2013, aprobado en marzo. Este ajuste de 10.000 millones, aún por aplicar, corresponde al acuerdo decidido por el Gabinete de Zapatero para ahorrar 50.000 millones del gasto público hasta 2013, ejercicio en el que el déficit deberá situarse en el 3 por ciento del PIB si España quiere seguir en el selecto club del euro.A esa cuantía hay que añadir desde la semana pasada más de 15.000 millones de reducción del gasto que el Gobierno ha acometido para rebajar el déficit hasta el 6 por ciento el próximo año. Por eso la vicepresidenta segunda, copresidenta del Consejo de Política Fiscal, pedirá un nuevo sacrificio a los Ejecutivos regionales que, en principio, deberán contribuir al tijeretazo con un recorte adicional de sus gastos de 1.200 millones. Amén de padecer en sus propias infraestructuras cómo se paralizan las obras publicas.

Enésima rectificación del equipo de SalgadoLa decisión del Gobierno de modificar su resolución de vetar los créditos a los ayuntamientos con carácter inmediato supone la enésima rectificación en las medidas económicas del Ejecutivo. Tal y como adelantó ayer LA RAZÓN, fue el líder de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, quien arrancó de Zapatero una moratoria de la prohibición hasta el 1 de enero de 2011, dado el perjuicio que causaría a las entidades locales cerrarles el grifo de la financiación casi sin preaviso.

A pesar de ello, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, salió ayer al paso desde Bruselas afirmando que el cambio de criterio era una simple errata que se había colado en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, durante la jornada del lunes, ni el Ministerio de Economía ni Moncloa ni el PSOE abrieron la boca para advertir del error, y eso que la noticia estaba en la cabecera de las ediciones digitales de todos los periódicos.

Por su parte, el polémico presidente de la FEMP y alcalde de Getafe, Pedro Castro, intentó ayer arrogarse el mérito de la modificación ante los representantes de los municipios, a pesar de que, a mediodía del lunes, al ser preguntado públicamente en Onda Cero por la prohibición a los consistorios, hizo gala de un apoyo cerrado a las decisiones soberanas del Ejecutivo socialista.