El PSOE se revuelve (otra vez) contra la juez de los ERE

MADRID- Es el blanco de las iras de los socialistas andaluces desde hace unos meses. No es otra que la jueza Alaya, que investiga la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubiera en expedientes de empleo tramitados por la Junta. Ayer le tocó al portavoz del grupo parlamentario socialista andaluz, Mario Jiménez, que señaló ayer que a su partido le «extraña» el «afán exculpatorio» hacia el PP-A que, a su juicio, manifiesta en sus autos la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), así como «le empieza a escamar» que, en ellos, «traslade directamente» los argumentos de dicha formación, «incluso sobre cuestiones que no se sustentan desde el punto de vista administrativo o sobre las que ya posee información clara desde hace mucho tiempo».
De esta manera, Jiménez reaccionaba al auto emitido por dicha magistrada el pasado viernes, en el que otorga un plazo de diez días a la Junta de Andalucía para que remita los expedientes tramitados desde julio de 2005 por la Consejería de Economía y Hacienda –fecha en la que el responsable del ramo era el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán– relativos a modificaciones presupuestarias para su aprobación por el Consejo de Gobierno «a fin de dotar de la tesorería necesaria a IDEA para llevar a cabo las transferencias de financiación encomendadas, especialmente para el programa 31L», partida también conocida como «fondo de reptiles», admitiendo así «parcialmente» una diligencia de prueba solicitada por la representación procesal del Partido Popular.
Y es que, a juicio del portavoz de los socialistas en el Parlamento andaluz, la juez «sólo está dando curso a una exigencia de parte», que procede «de un partido político, que está más por la estrategia política que por el esclarecimiento de los hechos y la persecución de responsables», ya que, en su opinión, a los populares no les interesa «que se conozca la verdad», sino «manipular y condicionar desde el punto de vista político lo que debe ser una instrucción imparcial por parte de la jueza».
Por otro lado, Jiménez ha lamentado que el mencionado auto de Alaya «vuelve a culpabilizar a los mineros de la Cuenca Minera de Huelva» y frente a eso, anunció que su partido «va a defender la legalidad y la honradez de los mineros que cumplieron con su responsabilidad y que no son responsables de las ilegalidades que se pudieron haber cometido». Si hubo algún responsable, hay que buscarlo en el PP, que en aquellos años ostentaba la Vicepresidencia del Gobierno», concluyó.

Los mensajes de la juez
1.- PRÓXIMOS AL PSOE
«Con la intermediación de muy distintos personajes que tienen encaje en diversas categorías, y todo ello para favorecer a amigos, familiares y círculos próximos al PSOE».
2.- AYUDAS ILEGÍTIMAS
«Otros 15 imputados son meros receptores de esas ayudas ilegítimas como beneficiarios de las pólizas, presuntamente con pleno conocimiento de solicitud».
3.- 10 DIÁS DE PLAZO
Hay un plazo de diez días para que la Junta remita los expedientes tramitados por la Consejería de Economía y Hacienda desde julio de 2005, fecha en la que el responsable era el actual presidente José Antonio Griñán.