El PP llevará a la Junta de Andalucía a los tribunales por el fraude de los ERE

La denuncia incluye, entre otros delitos, los de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, uso de información privilegiada y fraude de subvenciones.

El objetivo no es otro que demostrar que desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía «surge una tela de araña de corrupción», según explicó Pons, que alcanza a «multitud de instituciones y que tiene color del PSOE». Así, la querella va dirigida contra los responsables de la Junta que tramitaron estas ayudas y aquellos que participaron a través de las intermediarias, sin descartar a los responsables políticos directos. A saber: el actual jefe del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, y el vicepresidente tercero del Gobierno y por aquel entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves.

En palabras del vicesecretario de Comunicación del PP, el entonces consejero Griñán «conocía lo que estaba pasando», al igual que Chaves. Y para demostrar sus afirmaciones, Pons presentó, entre otros documentos, un informe de Hacienda sobre el ejercicio de 2004 en el que se especifica que en el «fondo de reptiles» hay un sobrecoste de 30 millones de euros no respaldados documentalmente, por lo que el cien por cien de los expedientes podrían estar podridos.

En este punto, Pons se pregunta «dónde está el fiscal anticorrupción» y confía en que Griñán y Chaves «dimitan», según avancen las investigaciones. Opinión compartida por Sanz, que presentará la querella en nombre del PP, y que señaló que estamos «ante un auténtico tsunami político que se va a llevar por delante a altos dirigentes del PSOE y de la Junta». Es más, denunció la existencia de «una trama organizada de fraude con el dinero de los parados».

Mientras, los socialistas andaluces apuntan que el PP «llega tarde con sus ruedas de prensa» sobre los ERE porque «el Gobierno socialista ya ha remitido toda la información a los tribunales».