La Ley del menor un tira y afloja entre Gobierno y PP

Con la legislación vigente, un joven de 14 o 15 años –la edad penal mínima– que cometa un asesinato pasaría como máximo cinco años de internamiento cerrado y tres de libertad vigilada. En caso de que el agresor tenga 16 o 17 años, el internamiento sería como máximo de ocho años y libertad vigilada de hasta cinco. Además, los expedientes de esos menores desaparecen una vez que cumplen sus penas.

Debate en el Congreso
El PP reivindica el endurecimiento de las penas previstas en la Ley del Menor, sobre todo en lo que se refiere a delitos de especial gravedad. Sin embargo, el Congreso en pleno –a excepción de CiU, que se abstuvo– rechazó el pasado mes de abril una moción de los populares. En la Cámara Baja estuvieron presentes los padres de Sandra Palo y Marta del Castillo.

Entre otros puntos, el PP pretendía un incremento de las penas para delitos como asesinatos y violaciones. Además, también planteaban la posibilidad de que los menores internados en centros pasen a la cárcel una vez que hayan cumplido la mayoría de edad. En definitiva, medidas «más eficaces».

El PSOE rechaza frontalmente cualquier cambio en la Ley del Menor. Entre otros argumentos, defienden que dicha legislación ha sufrido cinco modificaciones en los últimos diez años.
El portavoz socialista Álvaro Cuesta acusó al PP de practicar un «populismo punitivo» cuando ocurren casos como el de Marta del Castillo. Además, Cuesta reprochó a los populares que «patrimonialicen» el dolor de las víctimas.

Millón y medio de firmas
Antonio del Castillo logró reunir hasta 1.600.000 firmas que exigían un endurecimiento de las penas. Y es que los familiares de las víctimas se han movilizado intensamente en los últimos meses para reivindicar justicia. Así, el padre de la pequeña Cristina Martín, asesinada el pasado mes de abril en Seseña (Toledo) por una compañera de clase, afirmó en una manifestación que la actual legislación «protege al verdugo hasta la impunidad mientras condena a las víctimas al abandono y al olvido».

Además, una gran parte de la sociedad española apoyaría una legislación más severa. Según la encuesta elaborada por NC Report para LA RAZÓN, más del 64% de los ciudadanos apoyaría un incremento de las penas para los delitos graves o muy graves.