Chaves y Griñán no aclaran por qué adoptaron un sistema opaco de ayudas

Sevilla-Ni el presidente andaluz José Antonio Griñán ni su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, aclararon ayer en la comisión de investigación de los ERE por qué el Gobierno andaluz adoptó en 2001, con continuidad hasta 2011, un procedimiento para el pago de prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis que incurría en una total opacidad, ya que las ayudas no se publicaron en el BOJA ni las aprobó el Consejo de Gobierno, como sí se hacía antes del polémico convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA (luego IDEA). Ambos se encastillaron en el argumento de que el procedimiento, el marco de actuación y la partida 31.L, conocida como «fondo de reptiles» era legal, pese que el argumento jurídico de la magistrada que instruye el caso es diametralmente distinto y a que el propio Gobierno andaluz ha iniciado un proceso para el reintegro de las ayudas precisamente por la ausencia de procedimiento.
La gestión de Griñán al frente de la Consejería de Economía y Hacienda (2004-2009) se ve comprometida al ser uno de los receptores, junto al consejero de Innovación y al de Empleo, de los informes de la Intervención General que pusieron de manifiesto que se estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido» y que la fórmula adoptada en 2001, la transferencia de financiación, en lugar de la recomendada subvención excepcional, acarreaba graves problemas contables como desajustes económicos y partidas fuera de cobertura presupuestaria. El portavoz del PP, Carlos Rojas, y la de IU, Alba Doblas, insistieron en este punto. El presidente andaluz no se responsabilizó. Utilizó dos argumentos. El primero, que no existió un informe de actuación que sí hubiera encendido la luz de alarma. El segundo, que competía a la consejería gestora de los fondos, es decir Empleo, tomar medidas. A Hacienda el traslado se hizo, abundó, con copia, «sólo para su conocimiento» y sin acuse de recibo.

La Intervención alertó hasta en 15 momentos distintos de las disfunciones que se estaban produciendo con la partida 31.L. «15 veces sonó la alarma contra incendios y nadie la oyó», le espetó la diputada de IU Alba Doblas. «O no había voluntad de corregirlo o se trata de una grave negligencia». El argumento de Griñán en este sentido es que si la Intervención hubiera detectado realmente irregularidades hubiera informado «desfavorablemente a las ampliaciones de crédito» que se produjeron. Las reiteradas modificaciones presupuestarias de la partida 31.L ascienden a 132 millones de euros. La diputada de IU insistió: «Si su coche le avisa con una luz de que falta líquido de frenos, ¿usted sigue hasta darse el tortazo?». El presidente andaluz respondió trasladando toda la responsabilidad a los consejeros de Empleo que están bajo lupa judicial, José Antonio Viera y Antonio Fernández: «Si el coche es del vecino, será el vecino el que tenga que ponerle el líquido de frenos». Empleo, de hecho, formuló alegaciones a los informes, pero no adoptó las recomendaciones. «Si había fuego, la Intervención tendría que haberlo apagado», añadió. No obstante, el máximo mandatario andaluz matizó que no se trata de ningún «fuego sino de discrepancia en el procedimiento». La tesis del interventor general Manuel Gómez, cuando compareció en el Parlamento, es otra: que el título de estos informes es lo de menos, por tanto, no hacía falta un informe de actuación –en el que se escudan Chaves y Griñán que no se abriera– para que la Junta hubiera tomado medidas. El informe especial de 2003 ya era de suficiente gravedad.
En relación a la falta de transparencia de las ayudas, ya que no se publicaban en el BOJA y por tanto no eran de conocimiento público, el portavoz parlamentario del PP-A le inquirió sobre cómo se podía llegar hasta estos fondos. El presidente andaluz se remitió al «consenso básico social» sobre cómo se concedían y que conocían bien los agentes sociales. La juez instructora del caso lo que considera es que esta falta de publicidad es la que ha generado una discriminación y manifiesta desigualdad de oportunidades. La Sierra Norte, por ejemplo, aglutinó, con 50 millones de euros, el 70 por ciento del desembolso en ayudas para toda Andalucía, lo que la juez Mercedes Alaya consideró en un auto un «enorme agravio comparativo».

Desde el primer momento Griñán puso en cuestión la labor del Partido Popular por tergiversar documentos y «traspasar los límites de la verdad». Les dirigió duros reproches. Incluso espetó a los miembros de este grupo presentes en la comisión si podían mirarlo «a los ojos» para trasladarle algunas de las acusaciones vertidas.
 

«Mírenme a los ojos y díganme que destruí documentos» deslizó Griñán. Aprovechó, por otra parte, para anunciar que llevará al Parlamento un proyecto de ley de transparencia para que cualquier ciudadano pueda conocer los procedimientos administrativos vía internet.
Manuel Chaves ha sido el máximo responsable de la Administración andaluza durante 19 años, que ocupan el 90 por ciento la década en la que se produjo el fraude que investiga un juzgado. Sin embargo, dijo desconocer por completo tanto el procedimiento como los pormenores para el otorgamiento de ayudas (más de 1.000 millones han escapado al control público). Del caso dijo haberse enterado «por la prensa».
El convenio firmado en julio de 2001 es una pieza angular en el caso. Porque el dinero deja de tramitarse como ayuda excepcional, con publicación en el BOJA, y se instrumenta una transferencia de financiación a la agencia IDEA. Con este engranaje se le cierra a la Intervención su labor de control. Chaves, en un tenso debate con Carlos Rojas, reconoció que no conocía ni el procedimiento, ni si el convenio de 2001 estuvo acompañado de informes jurídicos, que no lo estuvo. Trasladó la responsabilidad a Empleo. «¿Quién tuvo la idea?», le espetó Rojas. «Imagino que técnicos de la Consejería. Nadie lo despachó conmigo». Lo que sí admitió el ex presidente andaluz es que el convenio de 2001 permitió un «amplio margen de discrecionalidad». Fue el margen que posibilitó el caso de corrupción, pero Chaves se negó a reconocerlo.
Sobre los informes remitidos por la intervención advirtiendo de irregularidades a los consejeros de Empleo y Hacienda, Chaves se apoyó en que nunca los conoció –el guión de toda la intervención fue que en ningún momento «avaló o conoció» ninguna medida ilegal– y en que la Intervención no abrió un informe de actuación por no detectar menoscabo de fondos públicos. Chaves cargó abiertamente contra el interventor: «A veces el bombero puede avisar y no avisa» y le dejó una patata caliente a Griñán, que recepcionó, como consejero de Economía y Hacienda, los informes. «Cuando el informe del interventor señaló que quizá tendría que haber sido atendido por la Consejería, pues posiblemente. No se atendió, ¿por qué?, pues posiblemente porque la Consejería tendría otro criterio a la vista de determinados informes jurídicos». Aseguró, asimismo, que nunca se reunió bilateralmente, «a solas», con el ex director general Francisco Javier Guerrero ni con ningún otro director general o viceconsejero. «A solas sólo he despachado con los consejeros». Chaves también apoyó la labor del ex consejero Antonio Fernández. «Confié en él y sigo confiando en él, hasta que no se demuestre lo contrario es inocente».