Que resuelva ya

En el movimiento provida el día de hoy –los Santos Inocentes– es una fecha de referencia. Y este año en España aún más: 2010 se recordará como aquel en el que se promulgó una ley injusta, una ley que no busca el bien común –que es lo que legitima la acción del Estado y al Estado mismo–, sino que propicia un verdadero holocausto. ¿Exagero? No creo, más bien es lo menos que puede pensarse cuando ese Estado renuncia a proteger a la persona más débil y favorece su muerte, cuando impone una ideología –la del feminismo radical–, satisface los intereses económicos del negocio del aborto y cosifica a la mujer.
Como se sabe, el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad de esta norma. Hay dos recursos pendientes, el promovido por el Grupo Parlamentario Popular y por la Comunidad Foral Navarra. En el primero se pidió que el Tribunal dejase sin efecto su entrada en vigor, lo que denegó. Es un debate procesalmente ya superado; en su momento, y en estas mismas páginas, dije que la admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad no suspende una ley, luego era previsible que se denegase esa solicitud, lo que se cumplió; pero me planteaba qué ocurriría si un día el Parlamento enloqueciese y reinstaurase la pena de muerte. ¿Habría que esperar a que una sentencia declarase inconstitucional esa norma? Y entre tanto, ¿se paralizarían las ejecuciones? Según la ley, no. Según el sentido común, sí como lo prueba que varios miembros del Tribunal votaran a favor de la suspensión.
La situación que vivimos ahora se resume en pocas palabras: cada día que pasa sin que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esta ley se están matando seres humanos. Como se sabe, en 2008 se practicaron 115.812 abortos; hace unas semanas el Ministerio de Sanidad hizo públicos unos datos convenientemente tratados para que dijesen que, por vez primera, el número de abortos disminuía lo que no es así. La disminución ha sido del número de mujeres inmigrantes que abortan en España, aparte de no computarse ese otro aborto, aún más sordo y silente, que es fruto de la píldora del día después. Pero la tendencia es al alza, como lo demuestra que el número de abortos entre españolas aumente. En todo caso, esos datos se refieren a 2009, cuando aún no estaba en vigor la ley vigente de facilitación.
Evitar esta sangría no parece preocupar. La lucha que hoy día tiene por escenario el Tribunal ni siquiera es la del número de miembros que colocar: es la de la presidencia y vicepresidencia y siempre la pelea por controlar un órgano que constituye la última garantía de que no prevalezcan leyes injustas. Controlado, ya se puede legislar lo que se desee o modificar la Constitución a base de relecturas, que no pasará nada si se tiene el aval de ese Tribunal. Es la razón política frente a la jurídica, eso sí, una razón política convenientemente revestida de matices y finos razonamientos que apenas esconden artificios y coartadas jurídicas. Esta triste realidad se acentúa cuando se trata de normas en las que se ha trabajado con empeño para inyectar una carga ideológica disolvente con un fin concreto: el cambio de sociedad.
Como se sabe, la primera ley del aborto de 1985 no entró en vigor inmediatamente porque entonces existía el recurso previo de inconstitucionalidad, que luego sería suprimido. No es cuestión ahora de hablar de por qué y para qué se suprimió o si se abusó de esa posibilidad legal: es otra historia y pasa por el afán de control del Poder Judicial. En todo caso se inscribe en la lista negra de hechos que han deteriorado nuestro sistema constitucional, otro mesmarque del pacto constitucional y que junto con otros más, forma parte de la lista de la que habrá que tirar el día que haya agallas para la reforma de la Constitución.
Lamentablemente esto que está ocurriendo con el aborto no es nuevo. En la mente de todos está el recuerdo de la tardanza en pronunciarse sobre el Estatuto de Cataluña, pero otras materias guardan turno de espera y a la espera de mayorías propicias dentro del Tribunal. Pienso en la ley de «matrimonio» entre personas del mismo sexo y, antes aun, en la constitucionalidad de leyes autonómicas que la precedieron introduciendo las uniones homosexuales y la posibilidad de que esas parejas adoptasen. O es el caso de la Educación para la Ciudadanía.
Y mientras que el futuro inmediato del Tribunal se aclara, día a día van muriendo miles de seres humanos. Hace unos meses hice un cálculo aproximativo y me salía que, de tardar dos años en pronunciarse, morirían 231.624 personas. Cifras al margen, es algo lo suficientemente trágico como para que cada uno, dentro y fuera del Tribunal, asuma su responsabilidad y, en todo caso, para acometer ya con claridad meridiana un compromiso de derogación de esa ley. Porque esta es otra, ¿y qué pasa si esta ley, como las otras que he citado, quedan finalmente validadas? El escudo retórico de haberlas recurrido ya no valdría.