Rajoy pide al Tribunal de Cuentas investigar los ERE fraudulentos del Gobierno andaluz

Denuncia la inacción de la Fiscalía Anticorrupción ante el escándalo

Rajoy  llevará al Tribunal de Cuentas irregularidades en los ERE
Rajoy llevará al Tribunal de Cuentas irregularidades en los ERE

Ante la inacción de la Fiscalía Anticorrupción y la negativa del PSOE andaluz a que se cree una comisión de investigación en la Cámara autonómica, el presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció ayer que llevará la trama de los ERES irregulares al Tribunal de Cuentas.

El órgano fiscalizador tiene competencias para investigar el caso, ya que extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional. El artículo 4 de la LOTCu deja claro que le corresponde «la fiscalización de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas del sector público percibidas por personas físicas o jurídicas».

El origen de la trama de los ERE falsos está en Mercasevilla, sociedad anónima propiedad del Ayuntamiento de Sevilla y de la empresa nacional Mercasa. Ya se han constatado 39 intrusos en ERE de empresas como SOS Cuétara, Cash Lepe, Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Springer, Arteferro y Germans. Todos han contando con la financiación de la Junta.

Rajoy, que visitó varias cooperativas agrícolas en las provincias de Sevilla y Córdoba, aseguró que «las políticas de empleo no están para que se aprovechen algunos con la connivencia del Gobierno». Por su parte, el PSOE-A anunció que estudia querellarse contra Esteban González Pons por implicar «personalmente» al presidente andaluz José Antonio Griñán en la trama.


¿Por qué se oponen a una investigación?
El PSOE se negó el jueves a que el Parlamento andaluz diera luz verde a una comisión de investigación que aclare los puntos ciegos sobre la trama de los expedientes de regulación de empleo. La oposición contabiliza más de un centenar de negativas en los treinta años de democracia. ¿Por qué teme la Junta una comisión de investigación? Entre otras cosas posibilitaría, tal y como recoge el Reglamento de la Cámara en su artículo 52, «requerir la presencia, por conducto de la presidenta del Parlamento, de cualquier persona para que sea oída». O, lo que es lo mismo, que personas que en este momento son señaladas piezas clave en la trama como el «conseguidor» Juan Lanzas desfilaran por la Cámara autonómica. Pero esto, de momento, es una quimera.