El top manta obliga a Saura a mediar entre comerciantes y ayuntamientos

BARCELONA- La polémica de los manteros empieza a traer cola y las declaraciones y contradeclaraciones se sobreponen. Según parece, la medida de aplicada por los ayuntamientos de El Vendrell y Calafell (Tarragona) de habilitar zonas para el top manta ha servido, al menos, para encauzar el debate. El conseller de Interior, Joan Saura, ha convocado una reunión la semana próxima con los diferentes agentes implicados en el fenómeno de la venta ambulante, como alcaldes, comerciantes, organizaciones de inmigrantes y otras consellerias, para intentar llegar a una solución.
En cualquier caso, esta situación no deja indiferente a nadie. El conseller de Industria y Empresa, Josep Huguet, cargó duramente contra la permisividad de los alcaldes y aseguró que este tipo de comercio es negativo para el turismo. «Da una imagen de país subdesarrollado», lamentó. El conseller, pese a formar parte de la propia Generalitat que, a la sazón, tiene competencias en materia de inmigración, distribuyó las culpas entre las diferentes administraciones. Así, apuntó que «la responsabilidad del espacio público» es de los ayuntamientos, mientras que la Policía debe actuar «porque es una actividad ilegal», al igual que la Delegación de Gobierno, dado que en «muchos casos» los vendedores son inmigrantes sin papeles. «Que cada uno apechugue con sus responsabilidades», sentenció.
Mesa de coordinación
El presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), Manuel Bustos, por su parte, justificó el pacto alcanzado entre ayuntamientos y manteros en Tarragona y explicó que los consistorios se ven limitados a la hora de combatir la venta ambulante ilegal. Bustos, además, pidió una mesa de coordinación entre las diferentes instituciones implicadas para luchar contra este fenómeno desde su raíz.
Desde CiU, el secretario general de Unió, Josep Maria Pelegrí, lamentó la actitud del Gobierno y de la Generalitat con esta polémica. «Cataluña no puede permitirse el lujo de dejar que haya personas que vendan de manera descontrolada productos que no están catalogados ni tienen ningún tipo de calidad de fabricación. La Generalitat y el Gobierno han dejado a los ayuntamientos a la deriva», señaló.
El presidente del PP en Barcelona, Alberto Fernández, fue un poco más allá y criticó el nuevo Código Penal «pactado entre PSOE y CiU», que exime a los vendedores del top manta de ir a la cárcel al considerar su cometido como falta. Para el popular, el nuevo texto, que se aplicará a partir de enero de 2011, difiere de su predecesor en que elimina el artículo que estipulaba que el castigo por este tipo de venta ilegal era la pena de prisión, entre seis meses y dos años. Po ello, pidió «incluir la prohibición de la práctica y endurecer el Código Penal».
El secretario de Inmigración de la Generalitat, Oriol Amorós, reclamó al Gobierno que ataje el «limbo jurídico» dado que se trata de inmigración irregular.

El pacto de la discordia en El Vendrell
- La población tarraconense de El Vendrell, gobernada por CiU, aprobó hace dos semanas una polémica medida destinada a solventar la problemática del top manta.
- La propuesta no contó con la complicidad de la oposición ni de los comerciantes, pero sí de otro municipio, Calafell (PSC). Aun así, el ayuntamiento aprobó la cesión de una zona, alejada de la primera línea de mar, para los manteros.
- El Vendrell quería acabar con las habituales persecuciones entre manteros y policías, además de salvaguardar la imagen del municipio ante los turistas. En cualquier caso, la cesión de la plaza comporta una serie de condiciones como la imposibilidad de vender mercancía ilegal (como cd o dvd) y se les pedirá que se constituyan en asociación. A cambio, los manteros deberán pagar una tasa.