El Gobierno eliminará cien subdirecciones generales

Suma y sigue. El Gobierno continúa con la política de recortes en el sector público. La vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el próximo Consejo de Ministros aprobará la reducción del 8 al 5 por ciento el máximo de vacantes que pueden tener los departamentos y organismos de la Administración. Una medida más, dijo, para «reforzar la austeridad y la eficiencia» de la función pública que persigue evitar «desviaciones al alza» en las masas salariales. También el próximo veiernes, el Gobierno aprobará la creación del llamado Observatorio del Empleo Público, un centro que se encargará de diagnosticar en profundudidad el estado del empleo en la Función Pública y determinará fórmulas para obtener mejor rendimiento entre los funcionarios. Después, en el próximo periodo de sesiones, llegará a la Cámara la Ley de Función Pública de la Administración con dos objetivos: incentivar el trabajo productivo y eliminar rigideces y desigualdadaes retributivas.La vicepresidenta comparecía ante la Comisión Constitucional del Congreso para explicar la rebaja de un 5 por ciento en el sueldo de los funcionarios, una medida que, admitió, «es difícil de adoptar y aceptar» y que, según dijo, se tomó por la presión de los mercados internacionales sobre la deuda pública de la zona euro. Luego, admitió que el Gobierno «claro» que tiene una deuda con los funcionarios y confió en que pronto puedan recuperar su poder adquisitivo. Más allá de deudas y compromisos, De la Vega anunció también que acometerá una segunda fase de racionalización del sector público estatal, con la que se suprimirán cerca de 100 subdirección generales con el fin de ahorrar 8 millones de euros. La medida, en el marco del Plan de Austeridad, se complementa con el acuerdo de no disponibilidad de 5.000 millones que afecta a todos los Ministerios y la reducción al 10 por ciento de la tasa de reposición de la oferta de empleo público. Todo suma un ahorrro de 300 millones.Ni las cifras ni las explicaciones de la vicepresidenta convencieron al popular Miguel Barrachina, que acusó al Gobierno de hacerse trampas a sí mismo, ya que los 33 altos cargos que anunció en abril que iban a ser cesados para ahorrar 16 millones «han sido reubicados en otros puestos». Barrachina alertó también sobre el aumento del 10 por ciento en los gastos de personal el pasado mes de mayo. «Ustedes han perdido el completo control del sector públivo», acusó antes de desvelar que un informe de la propia vicepresidenta indica que el número de móviles en la función pública ascendía a 56.000 en 2009, cuatro veces más que cuando el PSOE llegó al Gobierno.