La Junta impone la poda del 5% a los 28000 miembros del personal laboral

La distancia entre la Junta y los sindicatos era evidente antes de la reunión de la comisión de convenio del personal laboral de ayer y ésta no alteró nada. Los sindicatos CC OO-A, CSIF-A y UGT-A se negaron a negociar la progresividad en el «tijeretazo» de los salarios de ese sector. ¿Consecuencia? El Ejecutivo de José Antonio Griñán aplicará lo que marca el Real Decreto estatal y bajará un 5% al colectivo que integran unas 28.000 personas.«La Junta ha pretendido negociar cómo se reparte el descuento cuando no estamos de acuerdo con él», lamentó el secretario de Administración Pública de CC OO-A, Felipe Falcó. «El decreto –la traslación a Andalucía del ajuste de Zapatero aprobado por la Junta el viernes y que se publica hoy en el BOJA– ha sido una imposición unilateral, no ha habido diálogo en su toma de decisión y ahora tampoco lo habrá», añadió con rotundidad Falcó. La presidenta del sector de Administración Autonómica de CSIF-A, Alicia Martos, no fue menos clara. «Negamos la mayor, que es la legalidad y la legitimidad del decreto y del recorte, por lo que era obvio que no íbamos a pactar nada». Tampoco UGT-A estaba dispuesta a hacerlo: «No vamos a participar en la gestión de unas medidas adoptadas por el Gobierno sin el consenso de los agentes sociales», aseveró el secretario general de la FSP, Antonio Tirado. De hecho, las tres centrales sindicales ratificaron ayer a LA RAZÓN que estudian las vías legales existentes contra el «decreto y sus consecuencias». En concreto Martos anunció que recurrirán las dos normas, la estatal y la autonómica, «y llegaremos al TSJA y al Constitucional si hace falta». «Se ha roto un acuerdo del 25 de septiembre de 2009 –se explicó–, donde los sindicatos de los empleados públicos, en un ejercicio de responsabilidad, asumimos sólo una subida del 0,3% y ahora nos meten la mano en el bolsillo en vez de a los responsables de la crisis. Si hoy nos saltamos la negociación colectiva, ¿con qué legitimidad me siento a dialogar a partir de ahora?», se preguntó.Falcó, por su parte, anunció que los sindicatos tampoco serán «cómplices» del recorte salarial en las empresas públicas. «Nos parece una ridiculez que la Junta vaya a convocar a los comités de empresa para acordar el ajuste, dando por hecho que están de acuerdo con él», advirtió. De momento, la consigna sigue siendo llamar a la huelga del 8 de junio.

Formas de «otros tiempos»El Sindicato de Funcionarios de la Junta (Safja) estudia realizar «una petición formal para que se convoque la mesa sectorial si la Junta no lo hace en breve», solicitud a la que podría sumarse Ustea, dado que ninguno de los dos sindicatos ha logrado reunirse aún con el Gobierno andaluz para tratar los recortes. Y ello pese a que, como proclama el presidente del Safja, Juan Romero, «el derecho a la negociación colectiva lo tenemos tanto el personal laboral como los funcionarios». «A nosotros, la consejera –Carmen Martínez Aguayo– no nos ha dado ni la oportunidad de defendernos cara a cara», añadió, para rematar: «La bajada de salarios por decreto ley recuerda a otros tiempos».

ANÁLISIS. Base legal y social para la crítica - ¿Por qué barajan los sindicatos elevar el decreto de ajuste al Tribunal Constitucional?–El artículo 86 de la Carta Magna establece que el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativasprovisionales «que tomarán la forma de decretos-leyes» siempre que no afecten, entre otras cuestiones, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I (arts. 10 al 55), entre los que se incluye la negociación colectiva.- ¿Alguna otra norma respalda su reivindicación? –El artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público especifica que serán «objeto de negociación», entre otras materias, aquéllas que tengan que ver con «las condiciones de trabajo y las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de ley». - ¿A quién afectará en mayor grado la rebaja del 5 por ciento en su nómina?–De los 28.000 empleados que integran el personal laboral de la Junta, la inmensa mayoría, en torno a 20.000, según calculan los sindicatos, pertenecen al denominado «Grupo V» y cobran alrededor de 1.000 euros al mes, que se convertirían con la poda en 950. Se trata de «celadores, peones, trabajadores de geriátricos, guarderías, miembros del servicio doméstico...».