Mercasevilla le revienta al PSOE

El procedimiento es muy sencillo. El Gobierno andaluz presupuesta todos los años desde 2001 una cantidad de dinero destinada a ayudas sociolaborales para empresas en crisis.

José Blanco, José Antonio Griñán, Lissavetzky y Pedro Castro, durante la convención del PSOE
José Blanco, José Antonio Griñán, Lissavetzky y Pedro Castro, durante la convención del PSOE

Hasta 2009, la cifra ha alcanzado 647 millones. Los recursos se transfieren a empresas de la denominada administración paralela –primero el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y luego la Agencia de Innovación y desarrollo Empresarial de Andalucía (IDEA)– para dificultar la fiscalización. Para mayor opacidad, las ayudas tampoco se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Un 90% del dinero sirve para sufragar los gastos de las prejubilaciones de los trabajadores acogidos a expedientes de regulación de empleo (ERE). Hasta la fecha, han aparecido 39 personas que han cobrado una póliza sufragada con dinero público sin haber trabajado en las sociedades afectadas. ¿A dónde han ido a parar esas cantidades?

Ésa es la clave del caso. Entre la lista de beneficiarios han aparecido altos cargos de la Junta de Andalucía, del PSOE andaluz y del sindicato UGT. Los socialistas niegan que exista financiación ilegal del partido y atribuye la trama «a tres o cuatro golfos que se han saltado los controles».

Todo empezó en Mercasevilla. Unos empresarios denunciaron que los rectores de la lonja semipública les exigieron una comisión de 450.000 euros a cambio de cobrar una subvención de 900.000 para una escuela de hostelería. Consiguieron grabar el intento de soborno y la Junta entregó las cintas a la Fiscalía. A partir de ahí, el juzgado de Instrucción número 6 detecta otras irregularidades: la venta de unos terrenos al Grupo Sando, un delito societario y surgen los primeros «hombres de paja» en los ERE de los años 2003 y 2007.

El primero de ellos es un exdirigente del PSOE de Baeza (Jaén), Antonio Garrido Santoyo, cuyo nombre aparece en documentos vinculados con el ERE de Mercasevilla de 2007 sin haber trabajado nunca en la empresa. A este dirigente socialista se le pagaron 112.000 euros, aunque él asegura que desconocía que figurara como beneficiario.

El segundo caso es el de María del Carmen Fontela, que recibió 156.749 euros tras aparecer su nombre en el ERE de 2003 de Mercasevilla y en el de 2005 de la empresa Río Grande.
La oposición habla de una trama, mientras que el Gobierno andaluz lo niega. Las sospechas se confirman cuando el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, reconoció en diciembre ante la Policía Judicial que dispuso de un «fondo de reptiles para empresas que necesitan respirar». Siempre se utilizaron las mismas dos sociedades como intermediarias. Ese fondo se corresponde con los 647 millones incluidos en los Presupuestos autonómicos.

El propio informe de la Policía ya habla de trama. La Junta de Andalucía admitió el pasado martes que había detectado otros 37 nuevos casos de «intrusos» que han estado cobrando dinero por prejubilarse en empresas donde jamás habían trabajado. La Consejería de Empleo admite que aún quedan expedientes por revisar –15 según sus cálculos, aunque fuentes de la investigación elevan esta cifra a 36–.

Además, el Ejecutivo de José Antonio Griñán reconoce que en 2005 la Intervención General de Hacienda recomendó que se cambiara el procedimiento para tramitar esas ayudas. Lo hizo durante tres años, sin que sus advertencias se atendieran. El simple hecho de que pasaran a considerarse «subvenciones de carácter excepcional» o «encargos de ejecución» garantizaría un mayor control de los recursos públicos.

Un grupo de personas en torno a Administración andaluza –con la anuencia o no, lo dirán los tribunales– se ha enriquecido ilegalmente. Recuerda a la Gürtel, pero en este caso la Fiscalía Anticorrupción sigue callada.


Un caso con epicentro en Sevilla
- El Gobierno andaluz prespuesta desde 2001 y anualmente una partida para ayudas sociolaborales para empresas en crisis. Cantidad que hasta 2009 ascendía a 647 millones.
- Las ayudas no se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y su fiscalización es bastante complicada de llevar a cabo.
- El 90% de ese dinero sufraga las prejubilaciones de los trabajadores que se acogieron a un ERE. A día de hoy, son 39 las personas que cobraron una póliza sufragada con dinero público sin haber trabajado en las empresas afectadas.
- Entre los beneficiarios se encuentran algos cartos de la Junta de Andalucía del PSOE y del sindicato UGT.
- La trama salió a la luz a raíz de la investigación del «caso Mercasevilla».