Castells culpa a una directora general de las carencias del convenio del Palau

El consejero solicita comparecer en el Parlament tras dar explicaciones ante la juez 

Castells acudió ayer a la Ciudad de la Justicia acompañado de la plana mayor de su departamento
Castells acudió ayer a la Ciudad de la Justicia acompañado de la plana mayor de su departamento

El consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, comenzó ayer la semana en los juzgados. Castells acudió a la Ciudad de la Justicia para testificar por la actuación de su departamento en la operación urbanística que debía desarrollarse en los aledaños del Palau de la Música para construir un hotel. Castells defendió ante la juez Míriam de Rosa la honradez de su comportamiento, aunque admitió que pueden apreciarse algunos errores en la tramitación administrativa del convenio firmado por su consejería y el Palau de la Música, que, en todo caso, corresponden a la directora general del Patrimonio, Immaculada Turu, puesto que él no realiza el seguimiento diario de todos los trámites.La Generalitat se prestó a una permuta de calificaciones en virtud de la cual un edificio colindante con el Palau adquiría la condición de uso residencial –así se podría ubicar un hotel de lujo–, mientras que una finca propiedad de la Generalitat situada en las calles Ciutat/Ferran pasaba a calificación de equipamiento. Dicho convenio establecía compensaciones para la admistración autonómica por la recalificación –cifradas por Millet en 5,6 millones, los cuales debía pagar Olivia Hotels–, pero se redactó sin un informe jurídico previo.Immaculada Turu, que también respondió ayer ante la juez, confirmó que la Generalitat podía haber actuado mejor, ya que admitió la conveniencia de haber encargado un informe económico antes de dar el visto bueno a la permuta de usos. Turu detalló, además, que supo en 2008 que Olivia Hoteles iba a construir el alojamiento en el inmueble contiguo al Palau, pero no se aseguró un aval para que la Generalitat cobrara la correspondiente indemnización.Pese a todo, la directora general del Patrimonio consideró que la operación urbanística plasmada en un convenio de marzo de 2007 era globalmente correcta. Castells fue más allá y tildó la actuación de la Generalitat en este proceso como «irreprochable y cristalina», enfatizando que la permuta se hizo pensando en el interés público. El consejero acudió a los juzgados acompañado de la plana mayor de su departamento y dio explicaciones sobre el convenio durante una hora y cuarto. El consejero realizó luego unas breves declaraciones ante la nube de periodistas que envolvió su comparecencia. «Es imposible poder hablar de un decrecimiento patrimonial para la Generalitat», quiso dejar claro.En síntesis, el argumento de Castells es que el gobierno catalán actuó sin conceder tratos de favor al encarcelado Fèlix Millet y con plenas garantías para que la Generalitat no saliera perjudicada. Una vez dadas las explicaciones a la juez, el consejero consideró pertinente solicitar su comparecencia en el Parlament. ComparecenciasCastells quería esperar a testificar ante la juez antes de dar el paso de someterse a las preguntas de los diputados en la Cámara catalana. Es casi seguro que el consejero no comparecerá en el marco de la comisión de investigación parlamentaria que indaga si Convergència se financió irregularmente a través del Palau de la Música. El PSC quiere que se cite al consejero ante la comisión de Economía para desvincularlo de la rueda de comparecientes que dan explicaciones sobre sus tratos con Fèlix Millet.