Agujero negro autonómico

El alarmante aumento de la deuda de las comunidades autónomas, que se ha disparado un 26,5% respecto al segundo trimestre de 2009, alcanza la cifra récord de los 104.083 millones de euros, el 9,8% del PIB. Son diversas las causas de esta pésima situación, pero la más paradigmática la ofrecen las televisiones autonómicas. La radiografía de las trece corporaciones regionales, que LA RAZÓN publica hoy, es un argumento de peso para que las administraciones emprendan un cambio radical. Según los datos disponibles, los canales regionales costarán al erario público casi 2.000 millones de euros este año. Si se evaluaran como compañías privadas, sus balances obligarían a echar el cierre. La deuda alcanza los 1.480 millones, sin contar las aportaciones de los gobiernos respectivos para compensar las pérdidas. Las subvenciones supusieron 698 millones de euros en 2008 –último año con cifras oficiales–, más del doble que el ejercicio anterior, lo que demuestra la incontinencia del gasto en el sostenimiento de estas TV. Otro dato que pone en tela de juicio su viabilidad es que los gastos de explotación son hasta tres veces superiores a las de los televisiones privadas. Y todo ello, a pesar de beneficiarse del privilegio que supone recibir subvenciones por un lado e ingresos publicitarios por otro, en competencia desleal con las demás empresas. Si económicamente constituyen un lastre, tampoco parece que la condición de servicio público justifique su existencia en un país con varios canales públicos de cobertura nacional. También la aparición de la TDT, con la avalancha de nuevas emisoras, ha dado respuesta a la demanda de esa televisión más cercana. Desde los gobiernos de comunidades con lenguas cooficiales, el argumento recurrente a favor de las televisiones propias ha sido precisamente el desarrollo y protección de ese hecho diferencial. Pero la oferta de TVE, con sus múltiples canales, y de algunas privadas es lo suficientemente amplia como para cubrir esa necesidad sin caer en más dispendios. La realidad, más allá de falsas excusas o justificaciones inverosímiles, es que las televisiones autonómicas no son más que instrumentos de poder al servicio de los gobiernos de turno, que las utilizan para defender sus intereses, porque si las emplearan en beneficio general lo primero que deberían hacer es cerrarlas o privatizarlas. Los canales regionales, su instrumentalización y su extraordinario endeudamiento constituyen un escandaloso despilfarro, tanto más hiriente en un país con casi cinco millones de parados y una deuda desbocada. Escándalo que mancha a todos los partidos con responsabilidades de gobierno. Si acaso, sería justo reseñar que Esperanza Aguirre fue la pionera en defender la privatización de las TV regionales, y que Mariano Rajoy se posicionó a favor de cambiar la legislación nacional para que ese tránsito fuera posible, mientras el PSOE se opone férreamente. La catarsis televisiva enviaría un mensaje ejemplar para una sociedad a la que se le piden demasiados sacrificios, además de un elemento regenerador para el juego democrático. Habrá que confiar en que el PP no olvide su compromiso cuando esté de su mano modificar la legislación.