En libertad los indignados del cerco al Parlamento catalán

El magistrado, a instancias de la fiscal encargada del caso, Teresa Sandoval, les impuso la obligación de fijar domicilio y de comparecer cada quince días ante los juzgados más próximos a su domicilio. Velasco atribuye a estas tres personas, al igual que a los otros 19 imputados, un delito contra los altos organismos de la nación, penado con entre tres y cinco años de cárcel.

Los tres imputados se negaron a contestar a las preguntas del fiscal
y de la acusación ejercida por Manos Limpias, limitándose a responder
a las cuestiones que les plantearon sus propias defensas.

Los tres negaron ante el juez haber utilizado "la violencia, la coacción o la intimidación"contra los diputados catalanes durante su participación en los altercados del 15 de junio y aseguraron que su única intención era "protestar contra los recortes y la política económica del Gobierno catalán", según señalaron fuentes jurídicas.

En las comparecencias, que duraron cerca de diez minutos cada una, se visionaron las grabaciones que muestran la participación de los imputados en el cerco del Parlament, unos incidentes en los que varios diputados fueron agredidos mientras que otros, incluido el presidente de la Generalitat, Artur Mas, tuvieron que acceder a la Cámara en helicóptero.

Las fuentes jurídicas consultadas admitieron que de las imágenes sólo se puede extraer que los tres imputados estuvieron en la manifestación, ya que las grabaciones, aportadas por los Mossos d'Esquadra, no demuestran que estas tres personas agrediesen o increpasen a los diputados autonómicos. Hoy estaban citados otros dos imputados que finalmente no han acudido a la Audiencia Nacional.

El abogado de varios de los presuntos implicados, Benet Salellas, explicó al juez que estas dos personas no se han presentado en los juzgados porque no habían recibido las notificaciones. Esta previsto que el resto de imputados declaren ante el juez Velasco a lo largo de la próxima semana. 

Mientras se sucedían las comparecencias, en el exterior de la Audiencia Nacional se congregaron en torno a cuarenta personas del movimiento 15-M, quienes acudieron a la sede de los juzgados para mostrar su apoyo a los imputados y que corearon lemas como "que asco, que asco, me da el juez Velasco", "Audiencia Nacional, audiencia policial"o "detenidos, libertad". Los manifestantes desplegaron una pancarta en la que se pedía la dimisión del Consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig.

Los "indignados"comenzaron a congregarse frente a las puertas de la Audiencia Nacional, pero la policía, tras pedir la filiación a varios de ellos, acabó desplazando a los manifestantes y trasladándoles hasta el otro lado de la calle Génova.

El abogado Benet Salellas aseguró a su salida de la Audiencia Nacional que las imputaciones del juez Eloy Velasco son "un acto simbólico de la Audiencia Nacional para criminalizar al movimiento del 15-M y a las personas que protestan contra los recortes sociales".

El letrado añadió que los diputados catalanes afectados por los incidentes "a día de hoy no han comparecido para denunciar los hechos y confirmar que quieren seguir adelante con la investigación".

La salida de los imputados provocó momentos de tensión entre los manifestantes, la policía y el gran número de medios de comunicación que se habían congregado en el exterior y los agentes acabaron propinando más de un empujón a los presentes.