Salud reclama 55 millones por tratar a pacientes de otras comunidades

En total, el Govern exige al Ministerio de Sanidad 151,2 millones de euros

El conseller de Salud, Boi Ruiz, defiende que «por lealtad institucional» el Gobierno debe pagar
El conseller de Salud, Boi Ruiz, defiende que «por lealtad institucional» el Gobierno debe pagar

BARCELONA- Cataluña se ajustará el cinturón, pero luchará por el dinero que le corresponde por parte del Gobierno hasta el final. Este es el mensaje que el conseller de Salud, Boi Ruiz, ha querido transmitir desde que tomó el relevo a la socialista Marina Geli y puso en marcha el ajuste presupuestario del sistema sanitario catalán. En total, la Generalitat reclama, en diferentes conceptos sanitarios, 151,2 millones de euros. De éstos, 54,9 responden al gasto generado por pacientes españoles no residentes en Cataluña.
Por «lealtad institucional», el Gobierno debe resarcir el coste de la atención sanitaria de los enfermos que sin vivir en territorio catalán se desplazan para ser atendidos en esta comunidad autónoma, ha exigido en su comparecencias públicas Ruiz.

Turismo sanitario
La mayoría de estos pacientes proviene de la Franja de Aragón y son tratados en Lleida, según informaron fuentes del departamento de Salud a Ep, aunque también se han localizado nuevos empadronamientos motivados por aspectos sanitarios.
Precisamente, uno de los cambios legislativos propuestos por la conselleria de Salud e incluidos en la ley ómnibus del Govern, busca limitar el acceso al sistema sanitario de las personas. Así, para poder concertar visitas con el médico de atención primaria o solicitar pruebas diagnósticas, por poner algún ejemplo, los pacientes deberán llevar más de seis meses empadronados en un municipio de Cataluña. Se trata, según la propia conselleria, de limitar el turismo sanitario en detrimento de las arcas públicas catalanas. En cualquier caso, toda persona, empadronada o no, será atendida en los servicios de urgencias.
Además, de los 54,9 millones de euros, Salud también solicita al Ministerio de Sanidad y Política Social dirigido por Leire Pajín, que se les devuelvan 30 millones de euros destinados a la incorporación de tres anticonceptivos entre los medicamentos financiados por el sistema sanitario, así como 22,4 millones para «recuperar» la aportación de la industria farmacéutica para uso racional del medicamento e investigación.
Otras de las partidas que se reclaman al Gobierno tienen que ver con la incorporación de nuevos servicios y prestaciones a la cartera sanitaria: trece millones por los tratamientos de deshabituación del tabaco; 7,8 millones por la reforma de la ley del Aborto, 4,6 millones por la financiación del programa de salud bucodental infantil , entro otros.