El Gobierno vigilará el pluralismo religioso

MADRID- Primera comparecencia del ministro de Presidencia ante la Comisión Constitucional del Congreso. Y, entre los objetivos que Ramón Jáuregui se ha propuesto está la puesta en marcha de un observatorio de pluralismo religioso. Objetivo: comprobar si la administración satisface las nuevas demandas sociales que se generan por la diversidad religiosa y cultural. Será para compensar la renuncia a la reforma de la Ley de Libertad Religiosa, que Zapatero anunció que no impulsaría.

El anuncio contrasta con el reconocimiento explícito de que «el marco legislativo español protege con claridad el derecho fundamental a la libertad religiosa». Aun así, dijo que el hecho de que el Gobierno no tenga intención de impulsar la reforma de la ley de 1980 no significa que «no tengamos política religiosa». Así, dijo que entre el Estado y la Iglesia existe cooperación en múltiples ámbitos y relaciones con el resto de confesiones. Pero dijo que la diversidad presenta nuevas demandas sociales en las escuelas, en los servicios sociales, en los ayuntamientos... Y que por ello una de las prioridades del Ejecutivo es la adecuación de la gestión pública a estas demandas. En esa dirección trabaja la Fundación Pluralismo y Convivencia, con un presupuesto anual de unos cinco millones.

Memoria Histórica
En otro orden de asuntos y al hilo del balance que hizo de la Ley de Memoria Histórica, Jáuregui también dijo que confiaba en que antes de fin de mes se restablezca el paso a la basílica del Valle de los Caídos, una vez que se garantice el acceso y el normal desarrollo del culto con la instalación de unas mallas sobre la escultura y una plataforma. Su versión es que se restringió el acceso debido, en gran parte, a algunos problemas de seguridad en la escultura de «La Piedad de Ávalos». Patrimonio Nacional, en diálogo con el Arzobispado de Madrid, procederá de modo urgente un mallado sobre la escultura. Sí quiso dejar claro, no obstante, que desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica no se pueden llevar a cabo en el recinto actos políticos ni que exalten la Guerra Civil o el franquismo. Y que según esa normativa, el Gobierno promoverá actuaciones para que sirva a los objetivos de honrar y rehabilitar la memoria de todas las víctimas de la guerra.