El nuevo Código Penal despeja las dudas del acceso a la libertad condicional

Madrid- El Gobierno no quiere que existan dudas a la hora de determinar cuándo procede la libertad condicional de un preso que padezca una enfermedad grave ni sobre los requisitos que se deben exigir para ello. El propósito no es otro que cerrar cualquier duda de interpretación a la hora de que un juez deba decidir sobre esta cuestión.

Hay que recordar las discrepancias de criterios que surgieron en el «caso Bolinaga», en el que la Fiscalía entendía que, al tratarse de un preso etarra, era necesario que se cumpliesen unos determinados requisitos, tales como pedir perdón a las víctimas o que se acreditara que se había desvinculado de la banda, mientras que el juez de vigilancia penitenciaria sostenía que no eran necesarios para otorgarle la libertad condicional, lo que fue confirmada posteriormente por la Sala.

Para despejar esas incógnitas y «cerrar» el margen a las interpretaciones, el Ministerio de Justicia modifica el artículo 91 del Código Penal, encuadrado dentro de la sección de «la libertad condicional», en el que se especifica directamente los requisitos para la excarcelación de los internos con enfermedad grave.

De esta forma, se fija que si el peligro para la vida del interno, a causa de su enfermedad o de su avanzada edad, «fuera patente, por estar así acreditado por el dictamen del médico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario», el juez o tribunal podrá, «sin necesidad de que se acredite el cumplimiento de ningún otro requisito y valorada la falta de peligrosidad relevante del penado», acordar suspensión de la ejecución del resto de la pena.
Esto conllevará a la concesión de la libertad condicional del preso «sin más trámite que requerir al centro penitenciario el informe de pronóstico final, al objeto de poder hacer la valoración» respecto la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto».

Obligaciones del preso
El recluso, por su parte, estará obligado a facilitar al servicio médico penitenciario, al médico forense, «o a aquel otro que se determine por el juez o tribunal», la información necesaria para «poder valorar sobre la evolución de su enfermedad». El precepto advierte claramente que el incumplimiento de esa obligación «podrá dar lugar a la revocación de la suspensión de la ejecución» de la pena y de la libertad condicional. Lo mismo ocurrirá si se comprueba que, pese a la enfermedad grave que permitió su excarcelación, vuelve a existir el riesgo de «peligrosidad».

Para terroristas que no se encuentren en esa situación, el Código mantiene que la concesión de la libertad condicional requerirá que el preso «muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades» y que existan informes técnicos que acrediten que está «realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean». Sin embargo, se introduce como novedad que aquellos presos que tengan 70 años o los cumplan durante la ejecución de la condena y que reúnan los anteriores requisitos anteriores, aunque no hayan cumplido la pena exigible, podrán también obtener la concesión de la libertad condicional.

Bolinaga sigue en la habitación 220
Iosu Uribetxebarria Bolinaga sigue ingresado en la misma habitación 220 del Edificio Guipúzcoa del Hospital de Donostia, a la que fue trasladado el 13 de septiembre, después de que la Audiencia Nacional le confirmara la concesión de la libertad condicional. El centro protege su privacidad y no da información sobre su estado de salud, pero él mismo contestó al teléfono de su habitación a media tarde de ayer con voz enérgica. Preguntamos por su estado de salud pensando que sería algún familiar el que respondía el teléfono y nos respondió que él era Iosu y que quién era la persona que preguntaba. Al decirle que era un interés profesional, como periodista, contestó, en tono enfadado, «¿cómo que periodista?», y colgó el teléfono.