El PP avisa de que existe un «modus operandi» global en la Junta y pide que se investigue a Medio Ambiente

SEVILLA- El secretario general de PP-A, Antonio Sanz, aseguró ayer que el último auto de la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, sobre el caso de la supuesta «trama» de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos, puede demostrar que «pudiéramos estar ante las sospechas de un ‘modus operandi' global en la Junta». En el auto, la juez requería al Gobierno andaluz que informara de «si las ayudas a empresas mediante transferencia de financiación a través» del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) se han realizado, además de en la Consejería de Empleo, en otras como Innovación, Ciencia y Empresa, Agricultura y Pesca o Turismo.
Y los populares, según anunció Sanz, pedirán a Alaya que extienda la investigación también a la Consejería de Medio Ambiente. Para el dirigente del PP, este auto es de «enorme gravedad y consecuencias para la Junta de Andalucía, pues demuestra que este caso no surge del capricho de un director general o de una decisión unipersonal, sino que se puede demostrar que pudiéramos estar ante las sospechas de un ‘modus operandi' global en el Gobierno andaluz», insistió.
Por su parte, el consejero de Empleo, Manuel Recio, recordó la «máxima colaboración» que el Gobierno andaluz ha mantenido con el juzgado que instruye la investigación de los ERE.
De hecho, a tenor de la última petición de la juez, «procederemos a enviarle la revisión cuanto antes», aseveró.