La Junta no sabe cuánto pagó en comisiones

Sevilla- La juez instructora de la investigación sobre las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, extrajo en su último auto una conclusión en torno al pago de primas a las aseguradoras por parte del Gobierno andaluz: «El dispendio en que habría incurrido intencionadamente la Junta de Andalucía a través de sus altos cargos». Ayer, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, no pudo cifrar ese desembolso. Aseguró no tener ni una «estimación» del importe pagado a esas empresas que, según consta en el auto, habrían recibido comisiones fuera de mercado superiores al 20 por ciento.

¿Qué alegó Moreno para justificar que la Junta no sepa cuánto ha pagado a las consultoras en ese concepto? «La manera de operar» en este asunto, la forma en la que se han gestionado las polémicas ayudas ahora en el juzgado.

«Forma parte de este caso –dijo– la precariedad de documentación que afecta a la mayor parte de los expedientes. Mucha información no hemos podido comprobarla», admitió. Si bien, se mostró «absolutamente convencida» de que las aseguradoras «aportarán» los datos requeridos tanto al tribunal como al Ejecutivo autonómico. Aunque tampoco pudo confirmar si desde este último se le ha fijado un plazo para hacerlo.

Abanderando el principio de la depuración de responsabilidades, la titular de Presidencia explicó que «tan pronto» como se ha conocido que «puede haber comisiones que sean muy pocos razonables», la Junta se ha «dirigido a todas las aseguradoras para que nos den el importe de las comisiones que se pudieran haber percibido». «El Gobierno de Pepe Griñán –proclamó–no va a compartir ni va a defender si se han producido comisiones abusivas o que estén claramente por encima de lo que es la normalidad».

De hecho, aseveró que de confirmarse el pago de primas ilegales, el Ejecutivo regional «emprenderá todas las acciones necesarias para recuperar hasta el último euro de los andaluces», como ya ha hecho con las prejubilaciones fraudulentas y las empresas que han recibido irregularmente dinero a cargo del denominado «fondo de reptiles». Una partida, la 31L, cuya existencia «per se» no se puede confundir, según Moreno, con «el fraude que se haya podido cometer con determinadas subvenciones» públicas.

Preguntada por si se han destruido documentos en el ámbito de la Consejería de Empleo como apuntó el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en su declaración ante la Guardia Civil, la consejera fue rotunda: «Si se afirma que se ha destruido algún documento en la Junta, inmediatamente tenemos que conocer quién y qué porque si no, son palabras».

A su juicio, se trata de una acusación, el deshacerse de papeles que afectan a una investigación judicial, «de extraordinaria gravedad» por lo que defendió que la Junta es «la primera interesada en que se investigue de manera inmediata», reiteró.
Con todo, señaló que las palabras de Guerrero, imputado en la causa, hay que «ponerlas muy en cuarentena». «Lo que no vale es decir una cosa sin señalar inmediatamente quién y qué». En relación a este punto, la titular de Presidencia y portavoz estableció una línea divisoria: «El Gobierno andaluz distingue claramente lo que es la instrucción judicial de este caso, de lo que es la instrucción paralela y política que lleva adelante el PP y algunos medios de comunicación con gran éxito de audiencia», mantuvo. Y es que la Junta «quiere» que «a los responsables de cualquier tipo de fraude se les caiga el pelo».

Dos sindicalistas imputados recurrirán por falta de motivación
El secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras en Andalucía, Enrique Jiménez, y su homólogo a nivel de la provincia de Sevilla, Juan Antonio Caravaca, recurrirán el auto dictado por la juez del juzgado de Instrucción numero 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dentro del caso de presuntas irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE). Ambos alegan que en dicho auto «hay falta de motivación y una ausencia de indicios de criminalidad en los hechos imputados». Tanto Jiménez como Caravaca reconocieron a Ep que les ha «sorprendido» la imputación, aunque apuntaron que «tampoco era algo que no fuera previsible». Defendieron su inocencia y destacaron que la imputación les permitirá «al menos» un «mayor conocimiento del caso» para defenderse mejor.