Moncloa ultima para julio el ajuste en funcionarios e impuestos

MADRID- El empeoramiento del escenario económico –recesión, déficit, paro y crecientes dificultades para la financiación– ha obligado al Gobierno a revisar su agenda. Fuentes solventes confirmaron a este diario que está en marcha otro amplio paquete de ajustes y de reformas en el ámbito fiscal, de la Función Pública o de la Administración Pública, e incluso podría tener ramificaciones laborales –la UE reclama que se revise, por ejemplo, la prestación por desempleo–. La previsión es que puede ser aprobado en julio y su alcance y concreción final está por determinar ya que depende del resultado del Consejo Europeo que hoy comienza en Bruselas.

Estratégicamente el Ejecutivo afronta esta decisiva cumbre con el discurso de que sus movimientos y su respuesta a las exigencias de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional (FMI) irán en paralelo a la respuesta europea a nuestras necesidades en la negociación de las condiciones de la ayuda financiera y sobre la deuda soberana. En concreto, lo prioritario es que haya avances tangibles sobre la distinción entre riesgo soberano y riesgo bancario; y también para frenar las debilidades de nuestra deuda en los mercados secundarios.
La reforma fiscal en estudio afecta al IVA, a los impuestos especiales y a la deducción por vivienda. Pero no se agota ahí, según advierten desde el Gobierno.

También se están haciendo números con los funcionarios, aunque en principio la reforma de la Ley de Función Pública está más centrada en la reorganización de la jornada laboral, en la eliminación de complementos o en la supresión de «moscosos» (con sus consecuencias en la plantilla de interinos) que en la rebaja de sueldos. Algunas comunidades ya están metiendo la tijera en los salarios de los empleados públicos y el Gobierno admite oficialmente que estudia todas las recomendaciones de la Unión Europea –entre ellas está ese recorte–, pero sin que haya ninguna decisión cerrada.

Arma de doble filo
Hasta entonces, todas las comparecencias públicas son un arma de doble filo. Ayer el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se ajustó al obligado guión de confirmar que el Ejecutivo toma en cuenta todas la peticiones de Bruselas y del FMI, lo que dio pie a que se interpretara que abría la puerta a esa rebaja salarial de los funcionarios. Beteta desmintió posteriormente que él hubiera dicho que haya decisión en ese sentido. Todo está abierto y todo depende del resultado del Consejo Europeo y del análisis comparado de los efectos en las arcas públicas de cada medida y de su coste político.

Ayer el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, solemnizó el compromiso del Gobierno español con el cumplimiento del objetivo de déficit, un mensaje dirigido hacia los socios comunitarios.

En lo que sí hay decisión es en la suspensión «sine die» del proyecto de avalar la deuda de las comunidades autónomas. Primero se pasó página de los hispanobonos, y ahora se aparca sin fecha el aval del Estado a las comunidades. Explican desde el Gobierno que esa medida deja de tener sentido cuando el propio Estado está prácticamente fuera del mercado por el alto coste de financiación de su deuda (coquetea ya con la línea roja del 7 por ciento).

El Gobierno también prevé llevar en julio al Consejo de Ministros la reforma de la Administración Pública para eliminar duplicidades de competencias, y que se centra, sobre todo, en el ámbito local.

El gran debate tendrá que esperar al nuevo curso, pero antes del verano el Ejecutivo marcará las líneas principales de una reforma que en estos momentos está negociando con el Partido Socialista. Los municipios pequeños se mantendrán, pero todas sus competencias quedarán en manos de las Diputaciones. Por tanto, habrá más cargos públicos sin sueldo, y se revisarán, asimismo, las plantillas.

El Gobierno suprimirá las 1.432 manco- munidades
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, avanzó ayer que el Gobierno prevé suprimir las 1.432 mancomunidades al completo en el marco de la Ley de Bases del Régimen Local y que serán las diputaciones provinciales las que se encarguen de gestionar las competencias de aquellos ayuntamientos que no lo puedan hacer dentro de los criterios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de CEOE y Cepyme, el secretario de Estado de Administraciones Públicas aseguró que esta supresión afectará a «todas» y cada una de las 1.432 mancomunidades existentes, y admitió que «sin duda habrá supresión de cargos públicos» a raíz de esta medida. Por otro lado, Beteta manifestó la voluntad del Gobierno de tener lista la Ley que regulará las administraciones locales «este año», por lo que aseguró que en caso de no alcanzar un acuerdo al respecto se hará «de todos modos».