El ERE al que se acogió el ex consejero de Empleo tuvo un sobrecoste del 43%

SEVILLA- El ERE de las bodegas jerezanas González-Byass radiografía perfectamente cómo se dispararon los costes de los expedientes laborales. La cantidad pactada en el protocolo de colaboración firmado por el ex director general de Empleo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, y la «Asociación de Antiguos Trabajadores de 11 de Abril de 2008» –que aglutina a 94 personas entre las que se encuentra el ex consejero de Empleo imputado Antonio Fernández– era de 17.459.092 euros. Sin embargo, el desembolso de la Junta supera los 25 millones. Hay 7,6 millones de euros de diferencia. Un sobrecoste de un 43 por ciento sobre la cifra inicial en un ERE que gestionó la Junta estando además Antonio Fernández al frente de la Consejería de Empleo.

El aumento exponencial de la cuantía llamó la atención incluso en la Agencia IDEA, la entidad que transfería los pagos del «fondo de reptiles». El 22 de octubre de 2008 una letrada de esta empresa remitió un correo electrónico a una asesora de la Dirección General de Trabajo en el que le preguntaba por qué en la póliza principal del ERE existía «una diferencia de más de dos millones de euros» entre la cantidad consignada inicialmente y el importe final. La respuesta fue que se debía a los intereses de financiación a cuatro años (entre 2008 y 2011).

A esta póliza se le añadieron otras dos más, pese a que en el convenio inicial sólo aparece una. La primera, por importe de 3.419.573 euros y una segunda que ascendió a 284.512 euros, en concepto de cuotas del convenio de la Seguridad Social. Ambas tienen fecha de emisión 1 de mayo de 2008 y las tres fueron operadas por Vitalicio Seguros, del Grupo Generali.

Hay que añadir otro sobrecoste. En la información que obra en poder del juzgado y a la que ha accedido este periódico aparece una nota a mano en la que se detalla que la póliza principal –de 17 millones inicialmente y que aumentó a más de 19– sufrió un nuevo aumento por «suplemento de refinanciación hasta 2013», lo que elevó la cuantía a 21.814.063 euros. Añadidos a los 3,4 millones de la segunda póliza: 25,2 millones.

De estas cantidades se llevó un porcentaje de comisión la agencia mediadora –«broker»– Uniter, una de las principales investigadas por la jueza Mercedes Alaya. En un escrito de la asociación de antiguos trabajadores de la bodega González-Byass dirigido en junio de 2009 al director general de Trabajo Juan Márquez, también imputado, solicitan una «reunión de la comisión de seguimiento», recogida en el protocolo de colaboración entre ambas partes. El motivo era que en abril de ese año les envió «Uniter S. L. un anexo de la póliza que debía estar firmado y presentado a la mayor brevedad posible a los técnicos de la Junta de Andalucía para poder formalizar todo lo necesario ante una nueva situación en los compromisos de pagos, modificándose tanto en las cantidades como en los plazos establecidos».

En los más de siete millones de euros de sobrecoste no se incluyen los intereses que ha tenido que pagar la Junta por el retraso en el pago a las aseguradoras. Sin embargo, en el ERE de González-Byass, Vitalicio cargaba otro 5,70 por ciento en el caso de que se produjera «una demora dentro de un plazo máximo de 15 días en el pago de alguna de las primas aplazadas». Así queda especificado en las condiciones del seguro colectivo de rentas.

El Gobierno andaluz no sabe ni cuánto ha pagado en comisiones. La consejera de Presidencia, Mar Moreno, aseguró el martes que la Junta está pidiendo información a las empresas aseguradoras, pero que aún no dispone de toda la documentación. El PP sí avanzó que las comisiones que se llevaron los «broker» y que investiga la jueza Alaya por suponer un «dispendio en el que habría incurrido intencionadamente la Junta» se movieron en la horquilla del 15 y el 20 por ciento. De ahí que, en total, la suma desembolsada irregularmente pueda rondar los 200 millones.

El Grupo Generali, preguntado por este periódico por el aumento de los costes de las pólizas de los trabajadores de la bodega González-Byass, prefirió no pronunciarse al estar el caso en manos del juzgado.

LA LUPA
JUEZ Y PARTE
1. En el cargo
Fernández estaba al frente de la Consejería de Empleo cuando se negociaron y firmaron las condiciones del ERE de González-Byass del que se benefició. Siempre ha alegado que de este expediente laboral se encargó el delegado provincial.
2. 386.181 euros
El escándalo de los ERE obligó a Antonio Fernández a renunciar a sus 386.181 euros de prejubilación.
3. Recolocación
La Junta medió para recolocarlo en el Marco de Vinos de Jerez tras dejar la Consejería.