Sevilla

El PP se querellará contra 26 personas clave en la trama de los ERE irregulares

No se plantea el ilícito de financiación ilegal del PSOE, pese a que los populares lo han denunciado veladamente.

La portavoz del PP-A, Rosario Soto, ayer en la sede regional de la formación
La portavoz del PP-A, Rosario Soto, ayer en la sede regional de la formaciónlarazon

SEVILLA- El Partido Popular ha pasado de la acción política a la judicial en el escándalo de los expedientes de regulación de empleo irregulares. Mañana presentará en los juzgados de Sevilla una querella contra 26 personas: altos cargos que están o han estado en la Administración, «intrusos» en los ERE, intermediarios de la trama, sindicalistas o puestos de primera responsabilidad como el ex consejero de Empleo Antonio Fernández. Hay que sumar la reciente denuncia en la Fiscalía Anticorrupción.

En la querella, que anunció ayer la portavoz del PP-A, Rosario Soto, se apunta a siete posibles delitos: malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude en las subvenciones y en la contratación administrativa y falsedad en documentos públicos y mercantiles. Algunos de estos delitos ya han sido imputados por la juez a Antonio Fernández y al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el que habló por primera vez ante la Policía del «fondo de reptiles».

Además de contra Fernández, la querella apunta a los directores generales de Trabajo desde Guerrero hasta ahora. En la nómina también figura el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, para quien la Fiscalía pide 900.000 euros de multa por la comisión ilegal de 300.000 euros del «caso Mercasevilla». Entre los intermediarios, el PP se querellará contra el sindicalista de la UGT Juan Lanzas, «el conseguidor», y que se prejubiló irregularmente junto a su mujer; además de contra el director general de Vitalia, Antonio José Albarracín, el responsable regional Jesús María Bordallo, el comercial de esta misma empresa intermediaria Francisco José González y contra el adminitrador de Uniter SL e Ingotor Seguros SL José González Mata. En la mayoría de los ERE irregulares mediaron Vitalia y Uniter, que son piezas clave en la trama. De hecho, el comercial de Vitalia Francisco José González, según consta en el atestado de la Brigada de la Policía Judicial del «caso Mercasevilla», se repartió mensualmente junto con Lanzas la póliza de una falsa prejubilada.

Entre los prejubilados irregulares contra los que se dirige la querella del PP destacan los dos concuñados de Antonio Rivas, José Acevedo y José Antonio Márquez, incluidos en Intersur y Surcolor; José Antonio García Prieto, el ex concejal del PSOE de Camas que compró junto con la ex alcaldesa un local que luego donaron al partido; la esposa de Juan Lanzas Patrocinio Sierra, que aparece en el ERE de Hitemasa; el ex alcalde socialista del municipio sevillano de El Pedroso Rafael Rosendo; o Victorina Madrid, la suegra del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Hay, además, otros falsos prejubilados socialistas ya fallecidos que obviamente no aparecen como el ex gobernador civil en Cádiz, César Braña, o el ex alcalde socialista de San Nicolás del Puerto Domingo Martínez Castillo.

Uno de los anclajes de la denuncia es el convenio suscrito en julio de 2001 entre el ex consejero de Empleo José Antonio Viera y el entonces director del IFA Antonio Fernández, que permitió que las prejubilaciones y las ayudas para empresas en crisis se transfirieran opacamente a través de este ente instrumental, que luego pasó a denominarse IDEA. Este convenio fue considerado ilegal por la Policía Judicial y la Intervención de Hacienda emitió hasta tres informes discrepando del procedimiento. Pese a que los populares han deslizado la posibilidad de que detrás de la trama haya una financiación ilegal del PSOE, este ilícito no está incluido en la querella, en la que también se pide que declaren como testigos el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, además del interventor entre 2000 y 2010 Manuel Gómez –que ya declaró por el «caso Mercasevilla»– y el ex interventor delegado de Control Financiero Permanente de las empresas públicas Ignacio García.


Algunos de los denunciados
Antonio Fernández. Ex consejero de Empleo
Estuvo al frente de Empleo entre 2004 y 2010. Dirigió el IFA y firmó el convenio que dio lugar al «fondo de reptiles»
Antonio Rivas. Ex delegado de Empleo
La Fiscalía le pide 900.000 euros por el «caso Mercasevilla». «Coló» a dos concuñados en sendos expedientes
Juan Lanzas. Ex dirigente de UGT
Conocido como «el conseguidor», medió para la inclusión de «intrusos». Él mismo y su mujer son dos de ellos