Para que haya justicia

Una institución es siempre un valor organizado, acrisolado, que trasciende a lo que es en el día a día. El Poder Judicial hace referencia al valor justicia, que supone, siguiendo la definición clásica, dar a cada uno lo suyo. Y eso implica, en primer término, que el juzgador sea imparcial. Pero también significa, en los tiempos que corren, que la tutela que se dispensa sea rápida y eficaz, y en ese aspecto se puede hablar, asimismo, del servicio público que implica la Administración de Justicia. Sobre ambos aspectos me gustaría reflexionar un poco más.

En primer lugar, nuestra Constitución afirma que el juez tiene que ser independiente e imparcial, y estar sometido únicamente al imperio de la Ley, que ha de ser igual para todos. Si eso no sucede, se pierde la confianza en la Institución, con las terribles consecuencias que ello comporta. Pues bien, hoy en España, más del 67 por ciento de los ciudadanos no confían en la Justicia, y esto, en un Estado de Derecho, es una barbaridad. ¿Es culpa de los jueces y magistrados? No. La responsabilidad ha de atribuirse a que el sistema ha ido evolucionando, de manera que hoy nos encontramos con unas instituciones que no parece que cumplan como deberían con sus cometidos constitucionales o que, al menos, los ciudadanos no las perciben como imparciales y sometidas exclusivamente al imperio de la Ley.

El Tribunal Constitucional, por ejemplo, tendría que buscar la defensa de la Constitución y, sin embargo, los ciudadanos creen que sólo actúa respondiendo a intereses políticos. Además, es conocido que tarda en exceso en decidir los asuntos, y el largo tiempo transcurrido termina condicionando la decisión final adoptada. Por ello, hay que propugnar, por un lado, que los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional se despoliticen y, por otro, que se vuelva a implantar el recurso previo de inconstitucionalidad con carácter suspensivo para la reforma de los estatutos de autonomía y para las leyes orgánicas que regulen derechos y libertades fundamentales.

Algo similar sucede con el Consejo General del Poder Judicial, llamado por la Constitución a gobernar a los jueces. Es verdad que la independencia se predica del juez a la hora de juzgar, pero qué duda cabe que el órgano que se encarga de nombrarlo, ascenderlo o sancionarlo ha de ser también lo más independiente posible o, al menos, despolitizado. El PSOE en 1985 cambió las reglas del juego y decidió que todos los vocales del Consejo se eligieran por el Congreso y por el Senado, con lo que introdujo la lucha política en el seno de la institución. Para poner fin a la actual situación, que ha llevado a la desconfianza de los ciudadanos en ese órgano, debemos optar por la vuelta al sistema según el cual los doce vocales que provienen del Poder Judicial son elegidos por jueces y magistrados.

Y qué decir del Ministerio Fiscal, cuando hemos vivido unos años en que se ha producido el más alto nivel de sectarismo y partidismo de toda la democracia en relación con los nombramientos de fiscales y actuación de la Fiscalía. Sólo se recuperará su prestigio si se nombra un fiscal general del Estado que esté a la altura de su cargo y se configura el Consejo Fiscal de modo que intervenga en las decisiones que afectan a la carrera.

Sobre la segunda cuestión, resulta fundamental que, en un Estado de Derecho, las sentencias lleguen pronto y después se puedan ejecutar a la mayor brevedad posible. Pues bien, hoy en España hay más de un 1.600.000 sentencias sin ejecutar. En consecuencia, hay que hacer un esfuerzo presupuestario importante en esta materia para devolver la normalidad al funcionamiento de la Justicia; y no sólo porque los ciudadanos lo reclamen, sino porque si logramos hacerlo, será una contribución decisiva para la recuperación económica de España, prioridad máxima de la próxima legislatura y del programa del Partido Popular.

Federico Trillo
Portavoz de Justicia del PP