Un boicot orquestado por el 15-M

MADRID- De poco les sirvió tratar de ocultar sus rostros y salir corriendo tras activar el freno de mano del metro en plena hora punta del pasado miércoles. Su «heroica» acción les pasó ayer factura y, al cierre de esta edición, tres de las trece personas que activaron sin causa justificada los tiradores de emergencia del suburbano ya habían sido detenidas por los agentes del Grupo XXI de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional. Se trata de dos hombres y una mujer, que a lo largo del día fueron trasladados hasta la sede de la Brigada, en la comisaría de Moratalaz, para leerles sus derechos y tomarles declaración. Son Fermín N. M., de 26 años y nacionalidad española, D. O. P. , una mujer española de 32 años, y William Andrés C. O., de 24 años y origen ecuatoriano pero nacionalidad española. Este último, según fuentes policiales, se hace pasar en las redes sociales por Pierre Rocke Castell. En su cuenta de Twitter, en la que se define como un «terrorista gráfico», ayer publicó que la Policía había acudido a su casa a detenerle. Sobre las 21:30 horas comunicó su libertad: «Libre desde las 20:00 gracias a todos. Por descontado que yo no hice nada». La Policía, sin embargo, le imputa dos delitos, desorden público y amenazas y tendrá que ser un juez quien determine su participación en el sabotaje del miércoles. Las mismas imputaciones pesan sobre los otros dos arrestados, aunque desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid no confirmaron su puesta en libertad.

 «Indignados»
Los tres detenidos pertenecen a distintas ramificaciones del movimiento 15-M, según las mismas fuentes. El fotógrafo «Pierre Rocke» es un habitual de muchas acciones «indignadas» y, de hecho, pertenece de forma activa a la plataforma «Stop Desahucios». Lo confirmaban ayer decenas de tuits de apoyo de distintas asambleas que se formaron tras el 15-M. Según aseguró ayer la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, también pertenecen a la plataforma «Yo no Pago», que ha promovido varias «quedadas» para colarse en el metro de forma masiva. «La investigación policial sigue adelante. Me gustaría que se detuviera a todos los implicados y confío y deseo que así sea. Es una acción grave porque estamos hablando de sanciones administrativas y también de un delito penal tipificado por el Código Penal», señaló Cifuentes. Y es que, como ya advirtieron el pasado miércoles desde el Gobierno regional, el sabotaje al metro que afectó a casi 10.000 personas y por el que se perdieron unas 15.000 horas de trabajo –según estimó el consejero de Transportes de la Comunidad, Pablo Cavero– no quedaría impune. Porque además de las trece personas que activaron los frenos en sendos convoyes de forma simultánea, otras 40 personas participaron de forma activa en el boicot a Metro de Madrid realizando labores de vigilancia o coordinación. Por eso, los investigadores continúan analizando las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del suburbano para identificar a todos los responsables de los altercados. Se trata de integrantes de la plataforma «Toma el Metro» y «Paremos el tarifazo», colectivos derivados del movimiento «indignado».

La denuncia presentada por la empresa pública es clara. Habla de delitos de «desórdenes públicos», «grave daño para la circulación ferroviaria» y apunta a que del modo de actuación de los denunciados –que actuaron de forma simultánea y huyeron tapando sus rostros– «se deduce claramente que su intención era lograr, a través de una acción colectiva en grupo, un grave perjuicio al servicio ferroviario, perjudicando a los viajeros y perturbando la paz pública». Por estos motivos, el vicepresidente regional, Ignacio González, manifestó que el sabotaje había sido propio de acciones de «agitación callejera» o «kale borroka». Sobre estos fundamentos la empresa pública Metro solicita en su denuncia penas de cárcel de seis meses a tres años que podrían incrementarse a entre 1 y 5 años.

Los argumentos de la denuncia de Metro
DESÓRDENES PÚBLICOS
El artículo 557 del Código Penal recoge que «los que actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública alteren el orden público causando lesiones a las personas, produciendo daños en las propiedades, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que por ellas circulen». Para este supuesto se prevé una pena de prisión de seis meses a tres años.
DAÑO A LA CIRCULACIÓN FERROVIARIA
Otro de los fundamentos de la denuncia se ampara en el artículo 560.2 del Penal, que prevé un tipo agravado del delito de desórdenes públicos cuando se origine «un grave daño para la circulación ferroviaria de alguna de las formas previstas en el artículo 382». En este caso, la pena se incrementa de 1 a 5 años.
RESPONSABILIDAD CIVIL
Junto a las posibles sanciones penales, Metro solicita indemnizaciones por daños y perjuicios.