Murcia

El aumento de la jornada laboral busca el ahorro en la Sanidad

La consejera explica que la no renovación de interinos permitirá mantener otros servicios sanitarios en la Región

El aumento de la jornada laboral busca el ahorro en la Sanidad
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MURCIA- La consejera de Sanidad y Política Social, María Ángeles Palacios, reconoció ayer que con la ampliación a 37,5 horas semanales del horario de funcionarios sanitarios no se renovarán contratos eventuales e interinos que cubran bajas o tengan obligaciones contractuales por periodos de corta duración. Antes de presentar ante un grupo de profesionales una guía para la detección y valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección infantil, ante las preguntas de los medios de comunicación, Palacios afirmó que «es muy difícil» saber cuántos puestos de trabajo se van a dejar de mantener. Entre otras cosas, apuntó la consejera, dependerá de la situación en la que queden las plantilla tras la distribución horaria que se negociará con los sindicatos de la Mesa de Sanidad durante los próximos días, que tendrá que atender en primer lugar a la cobertura de las necesidades del servicio. «Desde la administración no estamos cerrados a ninguna forma de redistribución de las jornadas laborales y aún no hemos hablado con los sindicatos, pero trataremos de alcanzar un acuerdo lo más beneficioso posible para todas las partes teniendo en cuenta las dificultades de la actual situación económica», matizó Palacios.
Entre las fórmulas que se barajan, las 2,5 horas semanales suplementarias que tendrán que trabajar los funcionarios sanitarios podrían repartirse trabajando media hora más al día de lunes a viernes o agruparlas en una tarde o un sábado, pero dependerá también del tipo de trabajo que desarrolla cada colectivo profesional en las áreas sanitarias y de política social.
En cuanto a la desprotección infantil, la consejera explicó que el pasado año se detectaron 751, llegando a afectar a 906 menores. De manera que, aproximadamente a un veinte por ciento de los padres se les retiró la custodia en 2011, en concreto fueron unas 17 familias. Asimismo, Palacios concretó que «en los casos más graves» se trata de varones de entre 15 y 17 años. Además, explicó que las situaciones de cada menor varían «desde un mal control sanitario, no ponerle vacunas, falta de higiene, maltrato, es decir, hay un elenco importante de situaciones».