«Chaves y Griñán S A» en quiebra

SEVILLA- El 18 o el 25 de marzo se celebrarán las elecciones autonómicas andaluzas. A menos de ochenta días para los comicios que pueden acabar con 30 años de socialismo, los escándalos judiciales que implican a la Junta de Andalucía se suceden. Griñán ha asumido la herencia de Chaves –de la que él es copartícipe– y ahora observa cómo el feudo más importante del PSOE en España está a punto de desmoronarse mientras los tribunales ponen en duda la gestión de las tres últimas décadas.

El caso de más dimensión es el de la «trama de los ERE». La Junta repartió subvenciones con un método presuntamente ilegal desde 2001 y hasta 2010. La tipología de las ayudas era diversa. Las más conocidas eran las que servían para pagar expedientes de regulación de empleo (ERE). En ese mismo periodo y con cargo a la misma partida presupuestaria, la Junta también otorgaba cantidades que oscilaban entre los 450.000 euros y los 1,2 millones a empresas «en crisis». El dinero se repartía de forma arbitraria. No había control posterior. En total, mil millones de euros repartidos bajo esta fórmula. El último ejemplo: las empresas del chófer del ex director general de Empleo recibieron 900.000 euros para que ambos se los gastaran en fiestas y cocaína, según la declaración policial del primero.

No es el único caso. La Consejería de Empleo también ha pagado subvenciones a empresas por incorporar a sus plantillas a personas discapacitadas que jamás ocuparon los puestos para los que fueron contratados. El caso lleva meses en la Fiscalía Superior de Andalucía. La ausencia de control del dinero público es palmaria en los casos denunciados: personas con problemas severos de audición contratados como telefonistas o con movilidad reducida para repartir prensa.

Hay más fraudes de este tipo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía investiga las ayudas a la contratación indefinida pagadas con fondos europeos. La Junta ha admitido que ha detectado casi 4.000 casos de más de 800 empresas que se han quedado con el dinero.

El empleo, en una región con un 30 por ciento de paro, es centro de las corruptelas. Las subvenciones a los centros de formación se cobraron la única víctima política. El que era «número dos» del PSOE andaluz, Rafael Velasco, dimitió tras admitir que la escuela de su mujer recibió 730.000 euros de la Junta para cursos.

Otro reciente ha sido el plan para revitalizar la bahía de Cádiz. El ex gerente, Antonio Perales –nombrado por Chaves y hermano de Alfonso Perales, histórico socialista ya fallecido, ha declarado ante la Policía por un presunto fraude de más de 20 millones de euros. Las ayudas se cobraron pero no se dedicaron a la creación de empleo. El principal empresario detenido es Alejandro Dávila Ouviña.

Y luego están los hijos de Chaves. El ex vicepresidente del Gobierno, siendo aún presidente de la Junta, concedió a la empresa Matsau, donde trabaja como abogada su hija Paula, una subvención de más de diez millones. El TSJA pidió que el Gobierno andaluz le abriera expediente sancionador por no inhibirse. El Supremo revocó esta decisión. El caso de su hijo Iván es más complejo. Ha trabajado como comisionista. Y lo ha hecho con empresas que a su vez contrataban con la Junta. Un informe de la Policía lo sitúa vinculado a una trama que ejercía posible tráfico de influencias aprovechando su parentesco.