A vueltas con la Cañada

Madrid- El próximo día 10, la Asamblea de Madrid aprobará la Ley de la Cañada Real Galiana. Lo hará, previsiblemente, con los votos a favor del PP y en contra de PSOE e IU. A pesar de que la norma llega después de dos años de discusiones e intentos de consenso, las cuatro administraciones implicadas en la vía pecuaria –Delegación de Gobierno, Comunidad de Madrid (PP) y ayuntamientos de Madrid (PP), Coslada (PSOE) y Rivas-Vaciamadrid (IU)– han sido incapaces de ponerse de acuerdo.
Pese a que PP e IU estuvieron a punto de llegar a un pacto la semana pasada (de hecho se han incluido tres de sus cuatro enmiendas en la ley), lo cierto es que finalmente retiraron su apoyo e, incluso, por parte del Ayuntamiento de Rivas, se anunció ayer que si se aprueba se interpondrá un recurso de inconstitucionalidad por interferir en competencias municipales. Asimismo, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Gallardón también están estudiando la posible inconstitucionalidad.
El principal escollo es el plazo de dos años que el Gobierno regional ha introducido. La Comunidad puso un límite al tiempo que los ayuntamientos tendrán para definir la «ordenación» de los habitantes y del terreno de la Cañada que pasa por sus municipios. La ley dice que en dos años deberán llegar a un acuerdo social que determine el futuro de las personas que actualmente ocupan la vía pecuaria, con realojos, desalojos, venta o cesión de suelo... Además, la Comunidad añade en la norma que si los ayuntamientos no llegan a un acuerdo, será la Administración regional la que tome cartas en el asunto: no cedería los terrenos y se haría cargo de buscar una solución para los asentamientos y para el terreno. El consejero de Presidencia dio un paso ayer al afirmar que el Gobierno regional aún está abierto a ampliar el plazo; el problema es que los ayuntamientos no quieren que se les imponga ninguno.

El enfrentamiento
50 años de «retraso»
- Los asentamientos ilegales en la Cañada datan de hace más de cincuenta años, cuando aún no estaban transferidas las competencias de las vías pecuarias a la Comunidad. El Estado desafectó una parte.
2007: el conflicto
- Los vecinos de la Cañada se amotinan contra la Policía para evitar un desalojo de ilegales. Se produce una «batalla campal» con lanzamiento de piedras, tejas y hasta bombonas de butano. 23 agentes heridos.
2009: el acuerdo
- Las cuatro administraciones con competencias en la solución del conflicto (Delegación, Comunidad y ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas) firman un acuerdo para la futura Ley de la Cañada Real.
2011: La ruptura
- La Comunidad introduce un plazo de dos años para el acuerdo social de los habitantes de la Cañada. Los ayuntamientos no quieren que haya ningún tiempo máximo.