Vía libre a la ley de consultas que deja a Mas sondear sobre el pacto fiscal

BARCELONA– El pleno del Parlament de Cataluña dio ayer vía libre al proyecto de ley de consultas populares, paso previo para que el gobierno de Artur Mas pueda preguntar a la ciudadanía sobre su proyecto estrella: el pacto fiscal. Aunque la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, se cuidó de no pronunciar la «palabra prohibida» –«pacto fiscal»–, durante la presentación de la propuesta ante la cámara catalana, los grupos de la oposición le recordaron que la ley de consultas populares permitirá al Govern organizar el hipotético referendo.

Ortega se entretuvo en contar las virtudes democráticas del proyecto, que si acerca la política a la gente, permite escuchar la voz de los ciudadanos e implicarlos en el debate parlamentario. Pero no dijo nada sobre que Mas podrá convocar una consulta a la ciudadanía sobre el pacto fiscal. Y este «olvido» enfadó, por diferentes razones, a los grupos de la oposición. Al PSC, que en el último momento retiró su enmienda a la totalidad, porque Ortega no habló con «claridad» y teme que CiU quiera utilizar la norma como «un instrumento de propaganda política». La diputada socialista, Laia Bonet, llegó a resumir el proyecto en cuatro palabras: «Renuncia, engaño, cobardía y soberbia».

Pese a las duras críticas que lanzaron contra la ley de consultas populares, el gesto de los socialistas permitió al proyecto superar el trámite parlamentario sin necesidad de enfrentarse a una votación. La propuesta seguirá ahora su debate en comisión y regresará al pleno para su aprobación definitiva. Durante este camino, el PP, que considera que «el proyecto puede ser una cerilla en manos de un pirómano», intentará mojar esta cerilla.

La nueva ley de consultas, que pretende sustituir el texto que aprobó el tripartito y que recurrió José Luis Rodríguez Zapatero ante el Tribunal Constitucional, incorpora cambios para burlar la ley. Utiliza el padrón, en vez del censo electoral, no se rige por el procedimiento electoral estándar y no requiere la autorización del Gobierno. Sin embargo, el resultado no es vinculante.

Podrán convocar una consulta el presidente de la Generalitat y los alcaldes. También un colectivo de más de tres personas, una asociación no lucrativa, sindical o empresarial, o bien un colegio profesional si reúne 50.000 firmas en un plazo de 90 días para pedir una consulta de ámbito autonómico. Para una consulta local, se requiere entre el 2 por ciento de firmas para los municipios de más de 100.000 personas y el 15 por ciento para los más pequeños, aunque la última palabra la tendrá el ayuntamiento. Podrán votar los inmigrantes legales empadronados y los extranjeros del espacio Schengen.

«En manos de un pirómano»
Desde el PP, Santi Rodríguez remarcó que, pese a que es una iniciativa positiva en beneficio de la participación ciudadana, puede acabar siendo origen de conflictos sociales e institucionales si es mal utilizada: «El proyecto puede ser una cerilla en manos de un pirómano y el PP intentará mojar esta cerilla en el trámite parlamentario». Y es que, según el diputado popular, el texto no puede legitimar consultas sobre la independencia de Cataluña ni propuestas políticas y «partidistas» como el pacto fiscal, por lo que las enmiendas que presenten intentarán limitar la ambigüedad de la iniciativa y que se no rebasen las competencias exclusivas de la Generalitat.

Aunque el PP defendiera que le parece un proyecto «jurídicamente impecable» y el PSC cediera en pro del consenso habrá debate si Mas utiliza la ley de consultas para negociar el pacto fiscal.

LO QUE DICE LA NORMA
Las consultas populares no referendarias sólo podrán ser convocadas por el presidente de la Generalitat o los alcaldes, y han de referirse a cuestiones que afecten al ámbito de la Generalitat o de los municipios. El articulado deja abierta, asimismo, la posibilidad de que los ciudadanos propongan una consulta, para lo cual se precisarán 50.000 firmas y que, en el última instancia, los gobiernos de la Generalitat o de los ayuntamientos no las veten. En las consultas no será utilizado el censo electoral sino el padrón municipal, lo que permitirá pronunciarse también a ciudadanos de la UE que no tengan la nacionalidad española.