El juez pregunta a Marruecos si investiga la muerte del español en El Aaiún

Fuentes jurídicas han informado de la decisión del magistrado, que ha accedido así a la petición de la Fiscalía, que estimó procedente que, antes de resolver sobre la admisión de las querellas presentadas por la Liga Española pro Derechos Humanos y el hermano del fallecido cursara una comisión rogatoria a Marruecos para comprobar si existe alguna investigación.

En las querellas, dirigidas contra el ministro del Interior marroquí, Taib Cherkaui, y el gobernador de El Aaiún, Mohamed Jelmous, se denuncian posibles delitos de lesa humanidad, genocidio, lesiones, torturas y secuestros.

Mientras, el fiscal Pedro Martínez consideró que los hechos ocurridos tras el desalojo del asentamiento en la capital administrativa del Sáhara Occidental el pasado 8 de noviembre podrían ser constitutivos de un delito de lesa humanidad, "con carácter provisional y sin perjuicio de una mayor concreción en el futuro".

Argumentaba esta posición en que las circunstancias descritas en las querellas, "unida a los antecedentes históricos, permiten afirmar en este momento y sin perjuicio de una ulterior información más completa"que los hechos podrían incurrir en el citado delito.

Sobre la competencia para investigar estos hechos, el fiscal recordaba que el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recientemente ha sido modificado, limita la actuación de los tribunales españoles a los casos en que existan víctimas españolas, los responsables del delito se encuentren en España o cuando exista algún vínculo de conexión relevante con nuestro país.

Baby Hamday, "única víctima identificada hasta el momento", ostentaba la nacionalidad española, y Martínez no descartaba la existencia de otras víctimas también españolas ante "la falta de información sobre el número y la identidad"de los afectados, por lo que considera que "concurre el elemento de conexión que habilitaría el ejercicio de la jurisdicción por nuestros tribunales".

Martínez recordaba que la actuación de la Justicia marroquí impediría la apertura de una causa en la Audiencia Nacional, ya que la LOPJ establece que los tribunales españoles conocerán de un delito siempre que en el país en el que se cometió no se haya iniciado "procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles".

El pasado 16 de noviembre, el propio Cherkaui anunció que la Fiscalía General de El Aaiún había abierto una investigación sobre la muerte de Hamday, que atribuyó a un "accidente".