Mercasevilla peor que «Gürtel»

Conviene explicar que mientras se conocen los escandalosos detalles de la trama de los ERE, Andalucía –con casi nueve millones de habitantes, la comunidad más poblada de España– supera el 30% en la tasa del paro. En el último año, uno de cada cuatro españoles que han perdido su puesto de trabajo reside en Andalucía. Bajo estas circunstancias, la Junta, que preside el socialista José Antonio Griñán, es, a día de hoy, incapaz de explicar detalladamente a qué fin se destinaron 647 millones de euros. Oficialmente, esos más de 107.000 millones de pesetas nutrían un fondo para posibilitar ERE en empresas con problemas de viabilidad. Oficialmente, así ha sido durante casi diez años, desde 2001 a 2009. La pasada semana, la Consejería de Presidencia explicó que, en aras de una mayor eficacia, los fondos sortearon, con el consentimiento y la anuencia de tres consejeros de Empleo, que fueran fiscalizados. Los ciudadanos padecen las consecuencias de una Administración andaluza burocrática, desordenada y lenta. Pero tales circunstancias no justifican que uno de los garantes de la legalidad, el Gobierno regional, se salte sus propias normas; es su responsabilidad agilizar la tramitación administrativa, pero dentro de la legalidad más estricta. La Junta reitera que los controles han funcionado y por eso se han detectado los casos. El argumento no es cierto por dos motivos. Primero, ha sido la instrucción de la magistrada Mercedes Alaya –encargada del denominado «caso Mercasevilla»– la que ha ido arrojando luz a una trama cuya dimensión aún se desconoce. Mercasevilla ha acabado por reducirse a ser sólo la punta del iceberg. En el mercado central de abastos sevillano se fraguó el inicio del escándalo al descubrirse a los dos primeros prejubilados: nunca habían puesto un pie en la empresa. Y el segundo motivo es que, ya en 2005, la Junta desoyó informes de la Intervención General de Hacienda en los que se conminaba a Empleo a dejar de utilizar el «fondo de reptiles» y tramitar las ayudas como subvenciones. Al menos 12 empresas y 39 personas –quedan por analizar 15 expedientes, elevados a 36 por la Policía– se beneficiaron de esta práctica fraudulenta que encontró en el método de las pólizas de seguros una garantía para el engaño. Bajo la presidencia de Manuel Chaves se han producido estos «pelotazos laborales» y tanto el ex presidente como su sucesor nombrado a dedo, José Antonio Griñán, deben aclarar el destino del dinero, toda vez que ya se conoce que alcaldes socialistas, ex gobernadores civiles y otros cargos del PSOE se han lucrado. Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera –actual secretario provincial del PSOE en Sevilla– y Antonio Fernández han sido los tres consejeros de Empleo que completaron el periodo en el que se abusó del «fondo de reptiles». Con la llegada al cargo de Manuel Recio en 2009 se finiquitó la práctica. El actual consejero fue el que descubrió, ante su propio estupor, una caja fuerte en su despacho y mandó llamar a la Policía para que la abriera en su presencia. Para situarlo en su verdadera dimensión económica, nótese que el escándalo de los ERE es de 647 millones a justificar, mientras que el «Pretoria» fue de 45 millones y el «Gürtel», de 30 millones.