Rajoy al cien por cien

MADRID- Lo que el documento no explicita es qué medidas adoptaría un Gobierno del PP para cumplir su promesa de «hacer efectivo el derecho a aprender el español y el resto de lenguas cooficiales» en el caso de que la Generalitat mantenga el órdago y siga desoyendo los mandatos legislativos y judiciales.
Sobre el contrato de integración, el PP dice que será necesario el conocimiento de los valores fundamentales contemplados en la Constitución y el conocimiento de la lengua, la historia y la cultura española para adquirir la nacionalidad. También dará solemnidad a su acto de adquisición, a la manera del modelo francés.

Como ya adelantó este diario en la información publicada durante la Convención Nacional de Málaga, también en materia de política antiterrorista, el PP reafirma la teoría de su ideario tradicional. Aún con el anuncio de ETA, el PP mantiene su voluntad de aplicar la Ley de Partidos y la reforma electoral aprobada en esta legislatura contra las organizaciones políticas vinculadas a la banda. «Instaremos la actuaciones oportunas en tanto esta banda terrorista continúe existiendo». Eso sí, en el tintero de este mandato se queda el compromiso que el PP había alcanzado con el Gobierno para impugnar las listas de Amaiur: ahora explican que renuncian a presionar en ese sentido porque saben que la iniciativa fracasaría, pero dejan la puerta abierta –en el plano de las intenciones– a actuar en el futuro contra la marca proetarra. El PP también se compromete a fortalecer la colaboración internacional y a reforzar los medios de las FSE en la lucha antiterrorista.

En su conjunto, el programa se ajusta al objetivo de no traicionar expresamente ninguno de los grandes principios del armazón ideológico popular, pero limando al tiempo sus aristas dentro de la oferta global de diálogo y consenso. Como dice un miembro del equipo económico de Rajoy, «hemos puesto la música, y la música suena bien, ahora habrá que llegar y ver qué instrumentos nos dejan los socialistas para tocarla». La dirección popular cuenta por adelantado con que en los cajones se encontrarán gasto no reconocido, como ya ocurrió en el 96 (un punto del PIB) – «basta con valorar el balance de impagos y deudas de Defensa para saber que el agujero será mayor de lo que parece»—, y también anticipa que su mayor reto, y mayor riesgo, será mantener la paz social. «Lo que tenemos que hacer exige que haya la menor conflictividad posible», dicen. Y ese objetivo pesa en Rajoy y será un factor más en la elección de su equipo.

El documento programático completo desarrolla el compromiso con la eliminación de normas y burocracia; incluye más controles sobre los gestores de las entidades financieras; y subraya el compromiso del PP con una mayor participación privada en la gestión de los servicios públicos, en las infraestructuras, en la financiación de la investigación o de la cultura, incluso en la gestión del «ciclo integral del agua». La política hídrica es uno de los capítulos en los que la redacción hace más equilibrios para no molestar a nadie ni alentar conflictos territoriales como los que en su día generó el Plan Hidrológico, con el consiguiente coste electoral. No hablan del Ebro, ni del Tajo-Segura. La concreción del ahorro en el gasto sanitario o de la reforma de la ley del aborto, por ejemplo, quedan para un futuro Gobierno de Rajoy.

Mercado laboral.
El PP se ha decantado por apostar por el fondo de capitalización individualizado para cada trabajador, que contemple la cobertura frente al desempleo y favorezca la movilidad y la formación continua. Esto no es sino el conocido como modelo austriaco. El Gobierno socialista coqueteó con esta idea, pero al final Salgado dijo que la aplazaba porque exigía un incremento de las cotizaciones sociales que abonan los empresarios. Sus partidarios sostienen que los beneficios del fondo de capitalización para el despido revertirían tanto en empresarios como en trabajadores. Además, el PP también se compromete a mejorar la lucha contra el absentismo laboral, una de las demandas de los empresarios, pero no detalla con qué actuaciones. Y compensa prometiendo al mismo tiempo que reforzará la protección al trabajador contra cualquier trato discriminatorio. Su reforma laboral dicen que será «integral», y será, asimismo, una de las primeras medidas que ponga en marcha un Gobierno de Rajoy. El adjetivo de «integral» lo ligan también a la reforma fiscal que prometen llevar a cabo a lo largo de la legislatura, «de acuerdo con el déficit y la reducción del gasto público».

Reducción de burocracia.
Es uno de los ámbitos en los que el PP arriesga más en sus promesas dentro de la filosofía de eliminar normas y fortalecer la iniciativa privada («mínima intervención, legislación de origen y licencia única»). A las comunidades les limitarán poder regulatorio con la eliminación de los controles y las licencias previas para el establecimiento de cualquier actividad empresarial, salvo las que afecten a la seguridad pública. Esto lo compensarán reforzando los mecanismos de control a posteriori. El objetivo es ambicioso: que pueda ponerse en marcha una empresa en 24 horas, como ocurre en EE UU, gracias a que la inversión privada es más accesible y hay más flexibilidad laboral (contratar y despedir es más sencillo).

Gestión de las cajas.
Rajoy limita el campo a Rubalcaba al incluir en su programa el enunciado de que reforzará la exigencia de responsabilidades a los malos gestores; limitará la remuneración de los directivos de las entidades que reciban ayudas públicas; y abogará por que la retribución variable (los beneficios o bonus) se vincule a los resultados a largo plazo y no se repitan así casos como el de CaixaNovaGalicia o la CAM.

Televisiones autonómicas y locales.
La promesa de privatizarlas se traduce en que harán las reformas necesarias para facilitar la libertad de gestión que permita «la entrada a la participación privada».

Liberalización de los aeropuertos.
Los dirigentes del PP reconocen que sobran aeropuertos y que hay que racionalizar a partir de ahora las infraestructuras, empezando por el AVE. En relación a los primeros, sostienen que redefinirán el modelo de gestión, liberalizándolo sobre la base de una gestión en competencia bajo supervisión pública.

Educación.
Además del compromiso con la educación en castellano, el PP insiste en un modelo basado en la excelencia. Para ello, extenderá las pruebas de evaluación a nivel nacional y dará diplomas de excelencia a los mejores alumnos, que servirán como mérito preferente para el acceso a becas y ayudas. Su reforma educativa potenciará el currículum básico, con independencia de dónde vivan, y potenciará los incentivos a los centros y profesores para que mejoren su nivel. Por supuesto, formaliza su compromiso con la supresión de Educación para la Ciudadanía, que se sustituirá por otra asignatura sobre los valores constitucionales y las instituciones españolas y europeas.

Protección a los funcionarios «delatores».
Regulará las normas de conducta de los miembros del Gobierno y de los altos cargos; la promesa de más protección a funcionarios que denuncien corrupción y la agilización de los procedimientos judiciales; o una mayor transparencia en las subvenciones y en el patrimonio y presupuestos de todos los agentes sociales que reciben ayudas públicas.
 

Cuatro «medidas estrella»

Pensiones
«Mochila austriaca»: un plus para la pensión y para la movilidad laboral
cuatro «medidas estrella»
La «hucha» o «mochila» austriaca establece un fondo de ahorro para el trabajador que se nutre del 1,5% de su salario bruto, que puede mantener aunque cambie de trabajo para que sirva como complemento a la pensión. La medida facilita la movilidad laboral. 

Partidos
La Ley de Partidos, el antídoto contra los «tentáculos políticos» de ETA
La Ley de Partidos, nacida en 2002 gracias al consenso PP-PSOE, pretendía impedir la presencia de ETA en las instituciones. Desde entonces, el Tribunal Supremo ha impedido la presencia en las urnas de ocho formaciones proetarras, lo mismo que intentó hacer con Bildu, aunque el TC permitió su presencia electoral. 

Educación
Pruebas de evaluación: un test a la calidad de la Educación
Extender las pruebas de evaluación en la Educación a nivel nacional (comunidades como Madrid ya la han puesto en marcha) significa una apuesta por evaluar el rendimiento educativo y analizar la salud del sistema escolar, unos parámetros que permiten reforzar las carencias detectadas cuando aún no es demasiado tarde.

Inmigración
Compromiso de integración para los inmigrantes, como hizo Sarkozy
El «contrato de integración» que deberán firmar los inmigrantes –comprometiéndose a respetar los valores fundamentales de la Constitución y a conocer la lengua, la historia y la cultura españolas– es el mismo que impulsó Sarkozy en Francia en 2004 cuando era ministro de Interior.