Seguidismo y ocurrencias

José Blanco ha declarado que suprimir la Comunidad de Madrid sería un ahorro estupendo para las arcas públicas. Como Blanco es hombre de gustos exquisitos, no es probable que estuviera pensando en Esperanza Aguirre. Seguramente quien le rondaba por la imaginación era Tomás Gómez, el exitoso antizapaterista que, según todas las encuestas, va a llevar al PSOE madrileño a una derrota memorable. Madrid, gracias a Dios, no tiene por ahora visos de volver al redil socialista: aquí se sabe hace ya mucho tiempo que socialismo significa empobrecimiento, falta de oportunidades, paro y chanchullos. Por lo demás, la opinión pública de otras comunidades parece haber empezado a aprenderlo en estos dos últimos años, desde la crisis.

Así que el panorama que se dibuja después de las próximas elecciones de mayo resulta complicado para los socialistas. Descartadas aquellas comunidades en las que no se celebran elecciones, es posible que después de mayo no quede ninguna gobernada por el PSOE. A lo mejor las declaraciones de Blanco significan una vuelta al centralismo socialista. No sería la primera vez, y con un poco de suerte veremos a Carme Chacón, ese soplo de aire fresco que Cataluña nos envía al resto de España, enarbolando una bandera españolista, un poco jacobina.

Lo que sí que ha venido evolucionando en estos últimos años es la visión que la opinión pública tiene de las comunidades autónomas. Los españoles no están dispuestos a renunciar a la descentralización de los últimos años. Sabemos quiénes son los responsables de los servicios públicos y en un 52,8 por ciento, pensamos que el Estado central debería gastar menos para que las CCAA pudieran gastar más. A su vez, un 57,7 por ciento piensa que parte del dinero de las CCAA debería ser administrado por los ayuntamientos. («Opinión pública y política fiscal», CIS, julio de 2009).

Al mismo tiempo, la opinión pública española ha empezado a dar signos de descontento con la situación actual. En 2002 un 9,2 por ciento era partidario de un Estado sin autonomías. En 2010 lo era un 14,2. En 2002 un 48,1 por ciento se contentaba con que las cosas siguieran igual; en 2010 sólo lo hacía un 42,3 por ciento, mientras que quienes eran partidarios de unas comunidades con más poder bajaban del 26,5 al 16,6 por ciento. Los independentistas, por su parte, se mantienen fijos entre un 6,3 y un 6,5 por ciento.

Los españoles apreciamos por tanto una gestión descentralizada de los servicios, aunque sabemos ya el precio que eso puede llegar a tener en manos de políticos irresponsables. Es una buena situación para emprender una política de reformas, como la que el PP lleva tiempo diseñando. También lo es para que los dos grandes partidos lleguen a acuerdos de fondo.

Por desgracia, lo más probable es que haya que emprenderlo sin el Partido Socialista. Como han vuelto a mostrar las declaraciones de José Blanco, los socialistas no tienen ninguna estrategia en este asunto y disimulan con ocurrencias su seguidismo de los grupos nacionalistas.