El Ayuntamiento de Ávila rechaza las pintadas contra los edificios públicos

ÁVILA- Los portavoces de los cuatro grupos municipales presentes en el Ayuntamiento de Ávila, con el alcalde Miguel Ángel García Nieto a la cabeza, hicieron pública una declaración institucional conjunta para rechazar las pintadas que personas desconocidas realizaron durante la madrugada del domingo en las fachadas de diversos edificios públicos de la ciudad y también de residencias particulares de algunos tenientes de alcalde.

En estos mensajes se proferían ataques contra el Partido Popular, del tipo «PP = muerte», se pedía la dimisión del alcalde de la ciudad y se incluían también alusiones personales contra dos de los tenientes de alcalde -Félix Olmedo (responsable de Servicios Económicos) y el portavoz del equipo de Gobierno, José Francisco Hernández-. Además, también se lanzaron globos con pintura contra sus domicilios particulares y, según informó el consistorio, se dañó el vehículo propiedad de uno de ellos, informa Ical.

La declaración que se leyó en el salón de actos contó con el respaldo de PSOE, UpyD e Izquierda Unida, que se unieron al mensaje emitido por el alcalde en el que advirtió que los hechos ya se han comunicado a la autoridad judicial y manifestó que rechazan «con total rotundidad y absoluto desprecio» estos comportamientos «cobardes y antidemocráticos». Según puntualizó García Nieto, estas acciones se suman a una «campaña de acoso» que las mismas personas sufren a través de las redes sociales y otros episodios de «violencia verbal».

En el comunicado, se relacionan estos sucesos con las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de España alegando que «afectan en la misma intensidad a los representantes políticos municipales como al resto de ciudadanos». No obstante, también hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento inició hace unas semanas la negociación colectiva con las plataformas sindicales. Un proceso no exento de dificultades, ya que, aunque no habrá despidos, exige «mayor esfuerzo» a los empleados públicos.

La declaración que se hizo pública recoge que tales comportamientos tienen un «componente de chantaje y extorsión», «signos de organizaciones fascistas y terroristas» y que llevar a cabo tales «prácticas mafiosas» es constitutivo de delito, por tanto sus actores deben ser «calificados como delincuentes». Asimismo, se advierte del coste económico que suponen estas agresiones contra el mobiliario urbano y que «pagamos todos».